Sánchez iba a subir a los sindicatos cuatro veces más que a los pensionistas

Los sindicatos han lamentado el rechazo parlamentario a los Presupuestos Generales del Estado “más sociales”, que el Gobierno del PSOE aprobó sin consultar a estos interlocutores, entre otras cosas porque les va a suponer una merma económica. Estas cuentas públicas enmascaraban una subida de las subvenciones que reciben del Estado. Si Rajoy dio un ‘tijeretazo’ importante a estas ayudas en 2012 para apoyar el recorte del gasto público y el cumplimiento del objetivo de déficit, y que congeló durante cinco años, Sánchez había vuelto a activar para 2019 este sistema de financiación. En concreto, el nuevo Gobierno había incrementado estas partidas un 6%, casi cuatro veces más que, por ejemplo, la subida de las pensiones.

Se trata de las ayudas directas que otorga el ministerio de Trabajo a las centrales según el número de delegados obtenidos en las elecciones sindicales así como por su participación en los órganos consultivos de asesoramiento a este departamento. Estas subvenciones, que también se dan en las comunidades autónomas, son independientes de las que también reciben de otros ministerios o las relacionadas con la formación o el fomento del empleo.

Los sindicatos de clase, UGT y CCOO, serán los más afectados por la caída del Gobierno al dejar de percibir cerca de medio millón de euros en 2019.

Las ayudas por representatividad que figuraban en estos Presupuestos superaban los 9,4 millones de euros mientras que las compensaciones económicas por participar en órganos consultivos (incluidas las organizaciones empresariales) sumaban casi 2,9 millones. En total, el alza en este año se acercaba a los 700.000 euros hasta los 12,3 millones para el conjunto de las 66 organizaciones sindicales con representación y otras 10 más por su participación en los órganos de asesoramiento.

Este incremento se detiene ahora con el rechazo presupuestario y el adelanto electoral. Los más afectados son los sindicatos de clase (UGT y CCOO), que dejarán  de percibir cerca de medio millón de euros ya que son los que más subvenciones iban a percibir (unos  8,5 millones en 2019). Pero, no es sólo este dinero lo que pierden  los sindicatos. También se paralizan cambios significativos de la reforma laboral prometidos por Sánchez que restauraban la presencia sindical en el mercado laboral, tras dos legislaturas en el más absoluto anonimato, ya que Rajoy gobernó por decreto en esta materia, con la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la recuperación de la ultraactividad de los convenios o  el control de los horarios.

Subvencionados desde 1982

El origen de estas subvenciones sindicales con fondos públicos es de 1982 cuando UCD  incluyó una primera partida de 800 millones de pesetas (unos 4,8 millones de euros) en aplicación del Acuerdo Nacional de Empleo(ANE)  por el que el Gobierno de Calvo Sotelo se aseguraba el respaldo social tras el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, comprometiéndose a crear 350.000 empleos a cambio de una moderación salarial. Esta ayuda apareció por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado de 1983 (890 millones de pesetas) con la siguiente finalidad: “para la realización de actividades socioculturales, promoción de los trabajadores, organización de actividades de carácter formativo y otras, dentro de los fines propios de las centrales sindicales”.

En principio, estas ayudas fueron exclusivas sólo para los sindicatos de clase al fijarse los límites de representación del Estatuto de los Trabajadores (10% de delegados en el ámbito nacional y 15% en el autonómico). Pero, tras una sentencia del Tribunal Constitucional  en 1985, como consecuencia de un recurso del Defensor del Pueblo, se extendió el reparto al resto de organizaciones sindicales. En todo caso, UGT y CCOO se llevan el 75% de las subvenciones totales en función de la representatividad y  la mitad de las otorgadas por su participación en órganos consultivos.

Este dinero se fue actualizando por los distintos gobiernos a una media anual del 2%.  Sin embargo, en 2006, con Zapatero en La Moncloa, se produjo un ‘subidón’ de golpe del 35% (más de 5 millones de euros) ya que el PSOE realizó una reforma legislativa cambiando los criterios de pago para incrementar las retribuciones. Premió a los sindicatos con más delegados garantizando una mayor subvención a los que participaban en la Mesa General de la Función Pública, es decir a UGT y CCOO. Entre 2012 y 2013, el Gobierno del PP realizó la primera poda de estas asignaciones en plena segunda recesión económica. Rajoy redujo un 44% las concedidas por representación y un 56% las otorgadas por participación en los órganos del ministerio de Empleo. Ahora, Sánchez pretendía volver a incrementar estas partidas que quedan ahora congeladas, como en años anteriores, en 11,6 millones (8,9 millones por los delegados sindicales y 2,7 millones por su participación consultiva).

Rajoy redujo un 44% las ayudas concedidas por representación y un 56% las otorgadas por participación. Ahora Sánchez volvía a incrementar esas partidas.

Curiosamente, el Gobierno no tenía previsto aumentar las subvenciones a otras organizaciones sindicales en los Presupuestos de 2019 que genéricamente figuraban en varios ministerios. Así, se mantenían congeladas: las de los sindicatos y organizaciones de autónomos, cooperativas y economía social (3,5 millones); sindicatos de la Policía Nacional (260.000 euros) y asociación profesional de la Guardia Civil (237.000 euros); sindicatos de enseñanza (572.000 euros); sindicatos y organizaciones agrarias o alimentarias (3 millones);  sindicatos universitarios (65.000 euros); o las de los sindicatos en la Administración General del Estado (1,2 millones). Ésta última asignación fue duplicada por Rajoy en 2018.

¿Deben recibir estas subvenciones? Según fuentes de las centrales, el modelo español de sindicalismo, que recoge la Constitución de 1978 (artículos 7, 129,1º y 131,2º), reconoce al sindicato, y al asociacionismo empresarial, un papel de sujeto político del Estado democrático de Derecho, como representante de las reivindicaciones y valores de la clase trabajadora en la composición del interés general. Por ello, señalan, “esta función de interés público debe ser sostenida financieramente por los Presupuestos, al igual que se financia públicamente, por ejemplo, la actividad representativa de los partidos políticos”.