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Economía
por el recurso del PP al Tribunal Constitucional

El ‘pucherazo’ de Sánchez con la reforma laboral abre la puerta a miles de reclamaciones empresariales

Pucherazo antidemocrático en el Congreso

Así mintió Batet para acallar la protesta del PP: la Mesa no se reunió por el caso del voto erróneo

PP y Vox han anunciado que llevarán al Tribunal Constitucional la convalidación del real decreto de la reforma laboral que aprobó este jueves el Congreso por la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de no permitir al diputado popular Alberto Casero enmendar su error en el voto telemático y que permitió que finalmente saliera adelante por 175 votos a favor y 174 en contra. Calificado de «pucherazo» por la oposición, si el Constitucional diera la razón a PP y Vox se abriría la puerta a que muchas empresas reclamen una indemnización al Estado por ver perjudicado su patrimonio al tener, por ejemplo, que convertir en fijos a trabajadores temporales.

«Si se llega a ese punto en el que el Tribunal Constitucional declara nula la votación y finalmente la ley no sale adelante dentro de unos meses, efectivamente los empresarios que demuestren que han sufrido un perjuicio por supuesto que podrán pedir la reclamación correspondiente al Estado», señala Roberto Miño, abogado de Cremades & Calvo Sotelo.

Miño asegura que todos los «cambios inesperados aunque legítimos» de leyes generan incertidumbre e inseguridad para las empresas y eso genera más desempleo. «Los tiempos de los recursos de amparo son lentos. El Tribunal Constitucional debería resolver cuanto antes porque afecta a derechos fundamentales de las personas», asegura.

Carlos Lacaci, socio director del bufete Lacaci & Delgado Abogados, asegura que jurídicamente se crea un caos importante ya que los empresarios, por ejemplo, tendrán que hacer fijos a empleados que ahora son temporales. «Y si luego la ley decae, el empresario podrá reclamar si justifica que ha sufrido un perjuicio económico por el incremento de los costes por responsabilidad patrimonial», señala.

«Lo mismo sucede con los convenios. Las empresas que tengan que acogerse a un convenio sectorial en vez de al de empresa y se vean obligados a subir los salarios de sus empleados, si la norma decae podrían reclamar una indemnización si justifican el perjuicio económico», explica. «El responsable sería el Congreso y el Gobierno, que no permitieron rectificar el voto erróneo y esa fue la razón de que el real decreto se convalidara», destaca.

Fuentes de la patronal Asaja, una de las más afectadas por esta reforma y que se opuso a que la CEOE la aceptara, aseguran que «claro que nos perjudica esta reforma, y si luego se tumba pues nos ocasionará un perjuicio patrimonial por supuesto». La patronal de los hosteleros ha recordado en una nota el impacto que tendrá en el sector la obligación de convertir en fijos a empleados temporales y calcular su indemnización en función de toda la relación laboral, no sólo del tiempo trabajado en el último contrato.

Recorrido jurídico

Sobre si presentarán las correspondientes reclamaciones, fuentes de Asaja aseguran que aún es pronto para decidirlo puesto que el recorrido jurídico de los recursos todavía es incierto. Si Casero presenta finalmente el recurso de amparo parlamentario por ver vulnerados sus derechos, la resolución podría tardar meses.

Es posible que Casero pida medidas cautelarísimas para frenar la norma, pero las opciones de éxito serían pocas puesto que el artículo 56.2 de la Ley del Tribunal Constitucional le obliga a defender los derechos fundamentales de todos, en este caso también de los trabajadores. Otra opción es pedir sólo medidas cautelares, lo que alargaría los plazos. En cualquier caso, fuentes del Tribunal Constitucional aclaran que el resultado de ese recurso de amparo sería siempre la declaración de la votación como nula y habría que repetirla. En ningún caso un recurso de amparo puede tumbar una ley.

Para tumbar la ley, algún partido tendría que presentar un recurso de inconstitucionalidad defendiendo que algún artículo de la norma va en contra de la Constitución.