PNV insiste en que no respaldará los Presupuestos a pesar de la mejora del cupo vasco hasta 2021

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) sigue mostrando públicamente su rechazo a pactar con el PP respaldando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevó al Consejo de Ministros del pasado viernes la nueva Ley del Cupo vasco para el periodo 2017–2021 que incluye una sustanciosa mejora de la financiación de la comunidad autónoma.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado en una entrevista al diario El Correo, que con el artículo 155 de la Constitución «operativo» en Cataluña y con las instituciones catalanas «disueltas», la posibilidad de negociar los PGE de 2018 con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «es un terreno impracticable» para el PNV: «imposible».

Ortuzar se suma así al portavoz del PNV en el Parlamento vasco,  Joseba Egibar, que el pasado sábado anunció que «no hay ninguna posibilidad» de que la formación nacionalista respalde las cuentas publicas elaboradas por el departamento que dirige Montoro, después de que se haya puesto toda la «maquinaria político-judicial» contra el procés. A juicio de Egibar para llegar a un acuerdo se necesitan unos «umbrales mínimos de decencia democrática».

Aunque esta sea la postura oficial del PNV, en realidad el partido del lehendakari Íñigo Urkullu está negociando de forma soterrada con el Gobierno, tal como avanzó OKDIARIO el pasado 31 de octubre. En todo caso, el ministro de Hacienda da por hecho que un eventual acuerdo no se producirá hasta el próximo año, descartando la presentación del anteproyecto de Ley de los nuevos PGE antes de las elecciones autonómicas catalanas.

El pasado viernes Montoro dio respuesta a una de las peticiones del PNV: la plasmación del acuerdo alcanzado antes del verano para mejorar la financiación del País Vasco mediante la reforma de la Ley del Cupo (que es como se denomina al Concierto Económico del que disfruta esta región española) y el abono de 1.300 millones de euros procedente de la supuesta deuda que mantiene el Estado con esta comunidad autónoma por un presunto calculo indebido del mismo.

Los nacionalistas vascos se han quejado durante las conversaciones mantenidas con el ministerio de Hacienda que la promesa de reforma del modelo para el periodo 2012–2021 no se había concretado, lo que dificultaba las negociaciones de cara a los próximos PGE. Y aunque ahora los dirigentes del PNV manifiestan en privado su satisfacción por la concreción de los nuevos privilegios fiscales que va a conceder el Gobierno al País Vasco, en sus declaraciones públicas siguen mostrando su oposición a alcanzar un acuerdo a corto plazo en materia presupuestaria.

El Concierto Económico (el Cupo) supone la plena autonomía financiera del País Vasco y fue creado en 1878 tras la última guerra carlista, con el objetivo de lograr una forma transitoria de integración de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que en aquella época eran provincias “exentas” y quedaban fuera del sistema tributario.

Tal como explica Mikel Buesa el mecanismo “se concibió como un sistema provisional de duración limitada a ocho años, durante los cuales las citadas provincias se irían integrando en el sistema económico español”. Sin embargo, la transitoriedad se convirtió en permanencia hasta 1937, cuando fue derogado el modelo, retomándose después con la llegada de la Transición y refrendada posteriormente en el año 2002.

Este régimen fiscal implica que las diputaciones vascas recaudan todos los impuestos y las entregan al Gobierno autonómico, que gestiona su presupuesto de forma independiente sin la participación de la Hacienda pública estatal. A cambio de este privilegio, el País Vasco paga una especie de canon (el cupo) por el supuesto coste que tienen los servicios que se derivan de las competencias estatales: defensa, representación exterior, el mantenimiento de las instituciones y las infraestructuras.

Al mismo tiempo que mantiene esta independencia fiscal, el País Vasco disfruta de la solidaridad del resto de España en materia de Seguridad Social, ya que el sistema de protección se configura en torno a una caja única en todo el territorio español. Sin la red estatal, los jubilados vascos no podrían cobrar sus pensiones desde hace una década, ya que el déficit anual ronda los 1.800 millones de euros.

En la práctica, el País Vasco sale ganando con este modelo, rompiendo el principio de solidaridad territorial. Según los cálculos realizados por Mikel Buesa el desfase anual a favor del Gobierno autonómico es de 2.000 millones de euros, una cifra que la Agencia Tributaria reduce hasta 1.820 millones y que el académico e inspector de Hacienda, Ángel de la Fuente, eleva a 4.500 millones de euros.

La clave está en la forma de calcular el porcentaje de ingresos que debe aportar el País Vasco al Estado, sistema que se ha visto afectado por la necesidad de PSOE y PP de pactar con el PNV para formar gobierno en varios momentos de la democracia española. Y eso es lo que está ocurriendo al principio de esta Legislatura por la necesidad del Gobierno de lograr apoyos para sacar adelante las cuentas públicas sin tener mayoría parlamentaria