Los ministros Montoro, Guindos y Báñez toman el control de la política económica catalana

El Gobierno ha tomado el control de la política económica catalana tras la entrada en vigor de las medidas acordadas por el Consejo de Ministros para aplicar el artículo 155 de la Constitución mediante un Real Decreto. Durante los próximos 54 días (hasta que se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña), las decisiones en materia económica, financiera, tributaria y laboral las tomarán los equipos de los ministros de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro; de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, y de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

El Gobierno ha cesado a todos los consejeros de la Generalitat, incluido el vicepresidente económico, Oriol Junqueras.

En concreto, el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) indica que «se habilita al Gobierno de la Nación (…) a ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria, para que en beneficio del interés general, se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”.

De esta forma el Ejecutivo garantiza que los funcionarios y resto de empleados públicos seguirán cobrando sus nóminas con regularidad, así como los pensionistas y perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo, y los que reciban ayudas para la dependencia. Además, se cubrirán sin demora todos los vencimientos de deuda pública y se autorizarán las correspondientes refinanciaciones cuando sean necesarias. En definitiva, el objetivo es que la administración económica siga funcionando con normalidad.

Desde el pasado 15 de septiembre el Gobierno ya ejercía una labor de fiscalización y supervisión de las finanzas públicas catalanas para garantizar que el dinero de los contribuyentes no se destinaba a promover la independencia. Esto implicaba la revisión de todos los pagos de la Generalitat que se abonan con fondos de las transferencias estatales que proceden de la financiación autonómica tradicional y el Fondo de Liquidez (FLA), creado por Hacienda para evitar la quiebra de las finanzas regionales.

Ahora, con la aplicación del citado artículo 155 de la Carta Magna, Cristóbal Montoro pasará a gestionar el presupuesto catalán, incluyendo los impuestos cedidos (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales y las tasas autonómicas, como aquellas que penalizan a los propietarios de viviendas vacías o el consumo de bebidas azucaradas.

Además, el ministro de Hacienda también será el encargado de velar porque los funcionarios y resto de empleados públicos cumplan los mandatos del Gobierno y, en el caso de que se produzca algún tipo de desobediencia, establezca las sanciones oportunas. Todo ello sin olvidar que Montoro también es competente para tomar decisiones en materia de contratación pública y gestionará la Intervención General.

En cuanto a Luis de Guindos, ahora asume las competencias de la secretaría de Economía del departamento de vicepresidencia de la Generalitat que hasta hoy dirigía Junqueras. En concreto, será el responsable de las actuaciones de política financiera, seguros y del Tesoro, articulando las medidas necesarias para que Cataluña pueda hacer frente a sus compromisos con los inversores.

No hay que olvidar que esta comunidad autónoma es la más endeudada de España, con un pasivo total de 76.727 millones de euros al cierre del primer semestre de 2017. De esta cantidad 52.500 millones se los debe al Estado y el resto a inversores a los que hay que ir pagándoles sus correspondientes intereses y, cuando se producen los vencimientos, devolverles el capital (para lo cual en ocasiones hay que hacer nuevas emisiones de deuda).

El ministro de Economía también será el responsable de gestionar lo que iba a ser el embrión del nuevo banco central de una Cataluña independiente: el Instituto Catalán de Finanzas que dirige Josep Ramón Sanromá Celma, ex director general de Deutsche Bank España que pretendía convertir a la entidad en un sustituto del Banco de España. Ahora, tras la entrada en vigor del Real Decreto, pasa a depender del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En cuanto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sus nuevas competencias pasan por gestionar directamente el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC), cuya labor es la de aplicar las políticas activas financiadas con el dinero estatal para ayudar a los desempleados a encontrar un empleo; así como realizar los pagos de las prestaciones, ayudas y subsidios que reciben los parados. También pasa a depender directamente de su departamento ministerial la Dirección General de la Inspección de Trabajo y el Consejo de Relaciones Laborales.