‘El País’ apunta a la falta de liquidez del Gobierno la ‘confiscación’ del superávit a los ayuntamientos

El diario ‘El País’, cercano tradicionalmente a los gobiernos socialistas, apunta en el editorial publicado este miércoles a «quizá a urgentes necesidades financieras» la decisión del Gobierno de quedarse con los remanentes de los ayuntamientos y devolvérselos dentro de 15 años a cambio de ingresarles 5.000 millones entre 2020 2021.

Según el rotativo del Grupo Prisa, que califica el texto del pacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de «acuerdo fallido», «la fórmula del decreto ley revela además una prisa inconveniente, asociada quizá a urgentes necesidades financieras».

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado este miércoles durante una visita a Rota que el Gobierno «no necesita» ese dinero puesto que España se está financiando bien en los mercados internacionales. Montero ha señalado que la propuesta, que debe aprobarse en el Congreso, «le cuesta al Gobierno 5.400 millones de euros».

Sin embargo, todos los partidos a excepción del PSOE se han mostrado contrarios a esta decisión, que en la práctica supone que los ayuntamientos tienen que ingresar sus remanentes a Hacienda a cambio de ese dinero en 2020 y 2021. Lo más probable por tanto es que el decreto ley no se apruebe en el Parlamento.

Pero entre la clase política ha sorprendido el editorial de ‘El País’, que además es muy crítico con el Gobierno por este asunto. «La verdad es que me ha sorprendido por lo duro que es y porque hable de falta de liquidez. Es grave», asegura un diputado del PP. «El real decreto ley que permite realizar ese intercambio (o apaño, para algunos alcaldes), acordado con el único apoyo del PSOE en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), tiene todos los visos de sumar un error político a otro error económico, aunque a estas alturas sea más evidente el primero», apunta el diario en el editorial.

«Una propuesta de retención parcial de los remanentes requería un grado de negociación más intenso y sutil que arrojarla sin más en la FEMP y esperar una mayoría mecánica. Las conversaciones con los Ayuntamientos deberían haber sido previas, paso a paso, con una aproximación paralela a los partidos nacionales en busca de una cierta aquiescencia y a sabiendas de que la negociación iba a exigir “una larga paciencia”. La fórmula del decreto ley revela además una prisa inconveniente, asociada quizá a urgentes necesidades financieras», escribe el editorialista del periódico.

La oposición habla de «confiscación» del dinero de los vecinos mientras que el Gobierno asegura que es voluntario, por lo que no tiene sentido hablar de esa confiscación.