EL TSJUE confirma la multa a Samsung por pactar precios con otros fabricantes

Un problema más que se acumula en la mochila del gigante asiático. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha confirmado las multas de 69,5 millones de euros y de 81,4 millones impuestas por Bruselas a Samsung SDI y a dos de sus filiales en Alemania y Malasia por haber participado durante una década en dos acuerdos ilegales para pactar precios y repartirse el mercado de los tubos catódicos.

La problemática se remonta a 2012, un año en el que la Comisión Europea impuso una multa récord de 1.470 millones de euros a siete fabricantes de tubos catódicos para televisores y pantallas (entre ellos LG, Philips, Samsung, Panasonic o Toshiba) por participar en dichos carteles entre 1996 y 2006.

En septiembre de 2015, el tribunal con sede en Luxemburgo desestimó un primer recurso de las tres empresas presentado para anular la decisión del Ejecutivo comunitario y lograr una reducción de la sanción. Samsung SDI y su filial en Malasia presentaron entonces un recurso de casación ante el TUE solicitando la anulación de la anterior sentencia y de las multas.

En su sentencia de este jueves, el Tribunal europeo desestima el recurso y confirma el monto de las dos multas impuestas con carácter conjunto y solidario a Samsung SDI y Samsung Malasia. El fallo desestima los argumentos de la compañía surcoreana, que alegó discriminación de trato con respecto a otros participantes en los carteles y que se deberían de haber excluido del cálculo de la sanción la venta de determinados productos no directamente afectados por el pacto de precios.

En opinión del TUE, sin embargo, la totalidad de los tubos catódicos producidos habían sido «objeto de contactos colusorios que constituían una infracción única y continuada». Las distintas actuaciones, además, presentaban una relación complementaria entre sí y se enmarcaban en un «plan conjunto».

Juicio contra el heredero de Samsung

El juicio contra el heredero de Samsung en conexión con la trama de la «Rasputina» surcoreana ha arrancado hoy en un ambiente de creciente tensión en Seúl en vísperas de que el Constitucional determine el futuro de la presidenta Park por su papel en este escándalo.

Los abogados del hombre que lidera de facto el grupo empresarial más importante del país, Lee Jae-yong, rechazaron durante la audiencia preliminar todos los cargos que se le imputan, entre los que se incluyen malversación, ocultación de activos en el extranjero y, ante todo, soborno.

Lee, que no acudió a la corte porque no estaba obligado por ley, está acusado de autorizar el desvío de 35,4 millones de euros a fundaciones bajo el control de Choi Soon-sil, conocida como la «Rasputina» por su amistad con la presidenta surcoreana, Park Geun-hye.

Los pagos se habrían realizado a cambio de que el fondo público de pensiones hubiera autorizado en 2015 una fusión de dos filiales de Samsung (una de las cuales estaba participada por el mencionado fondo) que refuerza el control del clan Lee sobre este grupo, pilar básico de la economía surcoreana.

La sentencia está prevista para finales de mayo, según la agenda organizada durante la vista preliminar celebrada hoy en los juzgados del Distrito Central de Seúl.