Montero anuncia que el déficit público cerró 2018 por debajo del 2,7% del PIB

Así lo ha señalado en un desayuno-coloquio organizado por la cadena SER, en Sevilla, donde ha sido presentada por el humorista Manu Sánchez, que ha asegurado que «admira y sigue» a la ministra, que «no necesita ser presentada por contar con los avales con que cuenta».

Montero ha señalado que en mayo del pasado año la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya previó que el cierre del déficit en 2018 cumpliría el objetivo del 2,7%, y ha asegurado que el Ministerio está ultimando los trabajos para comunicar oficialmente el dato. «Pero ya tenemos la certeza de que conseguiremos bajar de este 2,7%», añadió.

Esta bajada del objetivo de déficit, según ha indicado, hará que España salga del procedimiento de déficit excesivo, «cuestión de extraordinaria importancia» porque actualmente es el único país bajo este mecanismo de supervisión, por lo que su salida supone una muestra de «fortaleza, solvencia y buen trabajo».

Así, ha valorado el papel, «especialmente» de los ayuntamientos y también de las comunidades, para rebajar el déficit, aunque ha apuntado que «algunos ayuntamientos se encuentran todavía con dificultades para hacer frente a sus compromisos de pagos». Ante esto, ha recordado las medidas aprobadas por el Gobierno la semana pasada, que conseguirán, en el caso de Andalucía, que 171 ayuntamientos ahorren 731 millones en cinco años.

Tras afirmar que España mantiene «una tasa de crecimiento más robusta que la Eurozona y asegurar que «los inversores confían más en la economía del país de la derecha política del país», la ministra ha llamado la atención sobre los «efectos devastadores» que todavía son perceptibles en la sociedad por la crisis económica. «Se ha debilitado el ascensor social y el 99 por ciento de la población es más pobre y ha perdido la esperanza de progreso», ha lamentado.

Ha reconocido que la desigualdad es «un lastre» para el progreso económico y para la estabilidad de los países y ha apuntado que la desregulación de la actividad financiera, la reducción del papel del Estado y la bajada sistemática de los impuestos en los 80 es origen de «la vulnerabilidad económica».

Frente a esto, ha destacado las medidas alcanzadas en los nueve meses de gobierno socialista, con subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), subida de las pensiones de viudedad, aumento del permiso de paternidad, garantizar los planes de igualdad en las empresas o la devolución del IRPF para aquellas familias que hayan tenido un hijo desde 2014. A esto también ha añadido la lucha contra la violencia de género, que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no aprobados contaban con 220 millones, «la partida más elevada de la serie histórica».