Aumentar el gasto público no reactivará la economía si no se aplican reformas urgentemente

Esta misma semana España volvía a protagonizar los titulares de la prensa económica. La contracción que registra la economía española ha dejado una gruesa caída en la recaudación del Estado de aproximadamente 25.000 millones. Esto, sumado a una situación en la que el gasto se ha incrementado hasta niveles desorbitados -aproximadamente 50.000 millones-, con el fin de ofrecer estímulos que traten de revertir el ciclo económico, han provocado que el déficit y la deuda se disparen al nivel de las previsiones establecidas por aquellos economistas más agoreros.

Cuando la crisis sacudía a la economía española las previsiones avisaban de que esta recesión dejaría al país en una situación muy delicada, financieramente hablando. España entraba en esta crisis con una deuda que superaba el 100% del Producto Interior Bruto (PIB), por lo que ya de por sí esta debilidad estaba justificada.

De la misma forma, el déficit -tras la revisión realizada por las autoridades europeas- cerraba en el límite que establecían los pactos de estabilidad y crecimiento (PEC) con los que se encuentran comprometidos los países miembros, y que sitúan el límite en el 3%. Por esta razón, tampoco es sorprendente que, ante la necesidad inmediata de combatir la situación, se produzcan estos incrementos.

Así pues, hablamos de una situación que dejaba al país sin un margen  aceptable para ofrecer una respuesta fiscal. Una situación que lo obligó a endeudarse aún más, con el fin de ofrecer una respuesta fiscal aceptable que generase un cierto estímulo en la economía peninsular.

El endeudamiento para pagar la enorme factura que deja el Covid-19, siendo la economía del planeta que mayor contracción registra en el pasado ejercicio, ha elevado el nivel de deuda hasta situarse a escasa distancia del 120% del PIB, a la vez que el déficit, habiendo registrado un incremento superior a los 77.500 millones de euros, presenta su mayor ascenso en un año.

Pese al incremento, el Gobierno de Sánchez se ha mostrado optimista. El objetivo que establecía Bruselas, en un escenario en el que la estabilidad presupuestaria se ha permitido un homenaje para hacer frente a los daños derivados del Covid-19, era superior al que finalmente presenta el Gobierno. Ahora bien, teniendo en cuenta que hablamos de una respuesta fiscal que no llega al 4%, frente a una respuesta del 7% de media en las economías desarrolladas.

Y todo a la misma vez que se observan otros factores a tener en cuenta, entre los que destacan los problemas estructurales de la economía española por la falta de reformas, así como la elevada probabilidad de que parte de esta inversión pueda convertirse en un gasto por la falta de apoyo, hacen que este nivel endeudamiento presente riesgos a tener muy en cuenta.

Gasto

En primer lugar, debemos decir que la economía española es una economía que siempre se ha caracterizado por el gasto. En este sentido, solo ha presentado una estructura presupuestaria en la que los ingresos superaban a los gastos entre los años 2005 y 2007. Desde entonces, el gasto en España, por norma general, ha sido siempre superior al ingreso. Para hacernos una idea de lo que comentamos, haciendo referencia al ejercicio pasado, en 2019, los gastos sumaron 521.949 millones de euros.

Esto, con relación al nivel de PIB, supone más de un 40%. Por su parte, los ingresos, pese a haberse situado en niveles máximos a cierre del 2019, se quedaron en 476.974 millones (un 39%). Una situación que, atendiendo a los presupuestos generales que plantea el Gobierno, pretende extenderse en el tiempo, con los riesgos que ello conlleva.

En segundo lugar, una gran parte del gasto se ha destinado al pago de los ERTE y el Ingreso Mínimo Vital, entre otras herramientas que se han aplicado. Herramientas que, habiendo contenido la destrucción de empleo, podrían ser inservibles si esta situación se extiende en el tiempo, y la situación de quiebra técnica que ya recogen el 30% de las empresas en el país sigue contagiándose a más empresas de nuestro tejido empresarial.

Todo ello sumado a un escenario en el que, como muestran los estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI), los efectos de los estímulos pierden fuerza en tanto en cuanto se va incrementado el nivel de deuda. Esto nos deja en una situación en la que, pese al esfuerzo realizado, los resultados podrían no ser los esperados.

En tercer lugar, el enorme incremento en el gasto se sigue destinando a sufragar medidas para corregir la situación de manera coyuntural. La aprobación de los ERTE, sin tener en cuenta la situación de las empresas, el ingreso mínimo vital, sin tener en cuenta la situación económica, así como la revalorización de las pensiones, sin corregir su sostenibilidad, son algunos de los estímulos ofrecidos a lo largo de esta pandemia para contener los daños.

Sin embargo, son medidas temporales que -al margen de la gran efectividad que han tenido algunas- no hacen más que postergar reformas que debemos aplicar tarde o temprano. Y es que, en un escenario en el que debemos usar el gasto para sacar adelante esas mismas reformas y ejecutar inversiones, pretendemos seguir haciendo honor a nuestros precedentes, condenando a la economía española a una recuperación ficticia e incompleta.