Los futuros rescates bancarios caerán sobre los hombros de accionistas y acreedores

España culmina su adaptación a la nueva regulación de la Unión Bancaria Europea a través de un Real Decreto que establece los nuevos mecanismos que se pondrán en marcha si se vuelve a producir otra crisis financiera que ponga en riesgo la viabilidad del sistema bancario.

El texto, aprobado en Consejo de Ministros, señala que los futuros rescates de entidades financieras serán financiados, en primer lugar, por los accionistas y, en segundo lugar, por los acreedores. El sector público, por lo tanto, será la última institución a la que acudir para evitar una quiebra bancaria.

Sáenz de Santamaría: “Se limita la utilización de recursos públicos, siempre con el objetivo de garantizar la máxima protección a los depositantes”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que lo fundamental es que los costes de resolución de una entidad serán asumidos por los accionistas, los acreedores y el fondo de resolución. De este modo, “se limita la utilización de recursos públicos, siempre con el objetivo de garantizar la máxima protección a los depositantes”.

Es decir, que el rescate siempre se haría teniendo en cuenta que los accionistas serán los primeros en afrontar pérdidas y no los contribuyentes, garantizando los depósitos de hasta 100.000 euros. La nueva norma también agiliza el pago a los depositantes en caso de intervención de una entidad, al reducir el plazo de los actuales veinte días hábiles actuales a siete días en 2024.

En materia de prevención las entidades deberán presentar al menos anualmente una hoja de ruta al supervisor en la que expliquen cómo reconducirían su situación, por ejemplo, a través de medidas para reforzar su capital o mejorar su posición de liquidez, previendo distintos escenarios.

Estos planes de recuperación deberán ser evaluados por el Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), si se trata de empresas de servicios de inversión.

Más aportaciones de la banca al FGD

Para conseguir estos objetivos se modifican las aportaciones de la banca española al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que en 2024 debe cubrir como mínimo el 0,8 % de los ahorros de hasta 100.000 euros, lo que supone aproximadamente unos 6.400 millones.

Al mismo tiempo, se irá engordando el nuevo fondo de resolución europeo, cuyo objetivo es que atesore el 1 % de los depósitos garantizados en la zona del euro, lo que supone una aportación mínima de los bancos españoles de unos 5.300 millones hasta 2024.

En conclusión, la nueva factura para la banca española ascendería al menos a 11.700 millones de euros, aunque no se puede obviar que el FGD español cuenta ya con algunos recursos, por lo que la cifra no es más que una estimación.