El juicio contra la cúpula de Caixanova, visto para sentencia: «Era el coladero de las tasaciones»

Los excesos de la época del ‘boom’ aun colean.

El caso contra la antigua cúpula de Caixanova, liderada por el antiguo mandamás de las finanzas gallegas, el hoy nonagenario Julio Fernández Gayoso, por la presunta financiación irregular de una inmobiliaria, quedó ayer miércoles visto para sentencia en la Audiencia Nacional.

La Fiscal, Pilar Melero, que solicita, entre otras penas, prisión de más de tres años para varios de los siete investigados -además de Fernández Gayoso, el dueño de la conservera, y directivos y ejecutivos de la antigua Caixanova- afirmó en sus conclusiones que la entidad financiera gallega «era el coladero de las tasaciones».

Caixanova financió a la inmobiliaria Promalar, entre 2005 y 2007, con préstamos de cerca de 70 millones de euros en total, de los que buena parte fueron empleados por la empresa en la adquisición de la conservera Bernardo Alfageme (las antiguas Conservas Miau), de acuerdo al relato de Fiscalía.

Como garantía para lograr esos préstamos, Promalar ofreció terrenos situados en Bueu y Cangas, que fueron valorados en 133 millones de euros. La inmobiliaria logró un convenio con el concello de Cangas en 2004 para recalificar los terrenos de rústico a urbanístico.

Pero para que el convenio tuviera efectividad, el convenio debía haber sido incluido en un Plan General, que no ha sido aprobado en la actualidad. La Fiscal dice que la tasación es «falsa» por estar basada en ese simple convenio.

La operación fue una ruina. Quebraron Promalar y Bernardo Alfageme. Los terrenos fueron valorados posteriormente en solo dos millones de euros.

La valoración de esos terrenos por 133 millones de euros la llevó a cabo Tasa Galicia, que era propiedad de Caixa Galicia.

En 2010, Caixanova y Caixa Galicia se fusionaron en una operación bendecida por Banco de España y por la Xunta, dando lugar a Novacaixagalicia, entidad que resultó un fiasco y tuvo que ser rescatada con 9.000 millones de euros de dinero público. Juan Carlos Escotet, al frente del banco venezolano Banesco, se hizo con aquella herencia dando lugar a Abanca.

La Fiscal, también la Abogacía del Estado, y la acusación particular -representada en este caso por Abanca, en representación del Frob- sostienen que la financiación de Promalar obedeció a un contubernio para favorecer a gente cercana al expresidente de Caixanova, y que ocasionó un perjuicio a la entidad de 80 millones de euros.

Delitos prescritos

Las defensas de los acusados consideran que, ese contubernio del que habla la Fiscal, es «una teoría de la conspiración», y solicitan la libre absolución para sus clientes, advirtiendo además que, en todo caso, los delitos imputados han prescrito.

«No hay un solo indicio que permita tener aquí al señor Fernández Gayoso», subrayó durante su última intervención en el Juicio el abogado del expresidente de Caixanova. «Aquí hay una doble teoría de la conspiración», dijo.

El letrado aseguró que, cuando informó a Fernández Gayoso de los delitos de los que se le imputaban, este le preguntó: «¿Qué coño es Promalar?».

También el abogado Manuel Ollé, que en el proceso ha defendido a Gregorio Gorriarán, exdirectivo de Caixanova, señaló el martes en su última intervención que el relato de las acusaciones era «novelesco, una teoría de la conspiración».

Las defensas de los acusados sin embargo no pudieron justificar la tasación de los 133 millones realizada por los terrenos de Promalar. «Quizá fuera una tasación negligente, o imprudente, pero no era falsa», comentaron.