Los inspectores alertan: el déficit por la gestión de basuras se dispara hasta los 2.000 millones

• Alicia Bonilla
• Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
• • 11/11/2025 13:58
  • Actualizado: 11/11/2025 13:58

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) alerta de un déficit de casi 2.000 millones de euros en los ayuntamientos y diputaciones de toda España por la gestión de las basuras, cuya tasa es obligatoria desde el pasado 10 de abril.

En concreto, los presupuestos aprobados para 2025 indican un gasto total en materia de residuos de 5.325 millones de euros y unos ingresos por tasas de residuos de 3.488 millones, lo que reflejaría un grado de cobertura del 65,5%, todavía lejos del 100%. 

Así lo ponen de manifiesto los datos de la Fundación ENT, recogidos por ANIHPL en la antesala de su XXV Congreso Anual, que se celebrará esta semana en Alicante.

Un déficit que no es ni mucho menos el único problema en torno a esta tasa: los inspectores de las Haciendas Locales auguran severos problemas presupuestarios en las corporaciones locales si prosperara la cascada de denuncias que se avecinan por parte de los contribuyentes. 

Inacción del Ministerio de Hacienda y falta de diálogo

ANIHPL viene señalando desde hace tiempo que la regulación de la tasa de gestión de residuos es escasa e ineficiente y provocará más incertidumbre en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes o la aplicación del pago por generación. 

A su juicio, esto se produce en parte por el desinterés e inacción del Ministerio de Hacienda, así como por la falta de diálogo real con las entidades locales.

En los últimos 30 años y tras diversas sentencias del Tribunal Supremo, los municipios conocían cómo regular las tasas de residuos, lo que evitaba la inseguridad jurídica. Ahora, por primera vez en la historia de la tributación local, estamos ante una tasa de imposición obligatoria que debe sufragar el 100% del coste del servicio y que no puede ser deficitaria. Aplica el principio del pago por generación, que es consecuencia de otro conocido principio: «El que contamina paga». 

ANIHPL opina que todo ello está provocando una multitud de criterios distintos en las ordenanzas municipales para regular la tasa que van a resolverse igualmente de manera diferente en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, a la espera de conocer los criterios que finalmente validará el Supremo.

Rechazo a la externalización de la inspección tributaria

A lo largo del Congreso, ANIHPL también denunciará el fraude en torno a la externalización de los servicios de inspección tributaria por la falta de medios u otros motivos.

Los Inspectores de la Hacienda Local no están en contra de la colaboración público-privada y remarcan que no todos los encargos que haga la administración a terceros incumplen la ley. Sin embargo, señalan que los tribunales ya han anulado varias externalizaciones.

En este sentido, ANIHPL ve muy positiva la admisión a trámite por parte del Juzgado de Lleida de su denuncia ante la supuesta externalización fraudulenta de la inspección tributaria provincial. Una práctica que se da en centenares de municipios en España e implica la «expulsión» del empleado público municipal y provincial de las funciones inspectoras, con graves consecuencias que amenazan los derechos y garantías de los contribuyentes y el interés general.

En opinión de los Inspectores de la Hacienda Local, la participación de personas no integradas orgánica y funcionalmente en la Administración Tributaria supone para los Tribunales una intromisión ilegal en el ejercicio de sus funciones. Recuerdan que el personal inspector tiene la consideración de agente de la autoridad y que la tarea de las empresas adjudicatarias no se limita, como consta en los contratos, a asistir a las entidades locales, sino que los trabajadores de estas compañías realizan requerimientos a los contribuyentes, desarrollan actuaciones inspectoras y sancionadoras, e incluso llegan a conocer los planes reservados de la Inspección; más grave todavía, en ocasiones los elaboran, seleccionando de paso a los contribuyentes que pueden ser objeto de una inspección.