La increíble historia de una exconsejera de Bankia que se puede salvar del juicio al darle la Fiscalía por muerta

Como si de una película de humor negro se tratara, la Fiscalía no acusó a la exconsejera de BFA, Mercedes Rojo, al haberla dado por muerta. Aprovechando tal tesitura, la defensa de la implicada ha pedido la libre absolución de su cliente en la acusación de falsedad contable.

El abogado José María de Pablo, que representa a los exconsejeros de Caja Madrid y Bankia Estanislao Rodríguez Ponga y de BFA Jesús Pedroche y Mercedes Rojo, ha hecho hincapié en el caso de esta última, a la que la fiscalía Anticorrupción dio por muerta en su escrito de conclusiones finales presentado en julio de este año, error que posteriormente corrigió.

Para el letrado, este hecho demuestra que el ministerio público no prestó ninguna atención a la declaración de su defendida, «puesto que pensaban que estaba muerta, eso supone que no prestaron atención a lo que declaró durante el juicio», y refuerza la idea de que su papel en los hechos que se juzgan, la salida a Bolsa de Bankia, fue irrelevante.

Para Mercedes Rojo, pero también para sus otros dos defendidos, lo que ha ocurrido en estos diez meses es «más que un sesgo retrospectivo, un prejuicio retrospectivo», ya que da la impresión de que la Fiscalía tenía redactadas sus conclusiones antes de que se practicaran las pruebas o se escuchara a los acusados.

Anticorrupción acusa a Rojo de falsedad contable por su papel de vocal en el comité de auditoría de la matriz de Bankia, pero no se dirige contra los exconsejeros Jesús Pedroche ni Estanislao Rodríguez Ponga, éste último exsecretario de Estado de Hacienda.

Los tres deben ser absueltos, ha explicado el letrado, por las discrepancias entre las versiones de los peritos de las partes, cuyas divergencias impiden hacerse una idea fidedigna sobre quién tiene razón.

En estos diez meses de juicio la prueba pericial se ha desarrollado entre enormes discrepancias entre los peritos de las acusaciones y los de las defensas, de modo que «es imposible saber ahora quién tiene razón».

No se ha podido demostrar que haya que creer a los peritos de las acusaciones aunque «alguno ha dicho que porque eran funcionarios públicos, pero también lo eran muchos de los peritos de las defensas».