Hacienda rechaza nuevos recursos de RTVE por la deuda del IVA y agrava el agujero de la cadena pública

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 02/07/2026 05:45
  • Actualizado: 02/07/2026 05:45

Hacienda ha rechazado desde abril sendos recursos de RTVE por las reclamaciones del IVA, referidas al periodo que va desde enero de 2023 a noviembre de 2025, lo que agrava la situación financiera de la cadena pública. RTVE ha publicado la memoria anual de 2025 este miércoles, donde confirma que el quebranto económico generado por la batalla que mantiene con Hacienda por el IVA asciende a cierre de año a 941 millones de euros, lo que sitúa a RTVE en causa de disolución.

La cadena pública ha reformulado las cuentas de 2025, aunque sin cambios en la contabilidad -sigue contabilizando las reclamaciones de Hacienda como ingreso futuro y no las ha provisionado-.

Sí ha añadido que el Gobierno ha aprobado un real decreto en junio por el que libra a RTVE de abonar esos casi 1.000 millones de euros en caso de que pierda en los tribunales con la Agencia Tributaria. Aunque reconoce la incertidumbre que genera que este real decreto aún no haya sido convalidado en el Congreso, donde el Gobierno no tiene apoyos suficientes y ha recibido numerosas derrotas en los últimos meses por el abandono de Junts.

Sobre la inspección del IVA en el periodo de mayo de 2024 a noviembre de 2025, RTVE explica en su memoria que «con fecha 6 de febrero de 2026 se firma el acta de disconformidad de IVA emitida por la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Posteriormente, con fecha 9 de marzo de 2026, se presentaron las correspondientes alegaciones a dicha acta de disconformidad. Con fecha 23 de junio de 2026 se ha recibido acuerdo de liquidación dictado en relación con dicho procedimiento, encontrándose en curso el análisis de su contenido y de las actuaciones posteriores que, en su caso procedan».

Respecto al proceso abierto de los periodos entre enero de 2023 y abril de 2024, RTVE señala que «con fecha 24 de abril de 2026, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha dictado resolución desestimando la reclamación formulada por la Corporación y confirmando la liquidación impugnada. Con fecha 2 de junio de 2026 se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo frente a dicha resolución ante la Audiencia Nacional, encontrándose la Corporación en el periodo de preparación y presentación de la correspondiente demanda».

Por lo tanto, dos nuevos contratiempos para RTVE en un conflicto que ha obligado al Gobierno a mover ficha y aprobar un real decreto por el que asume la deuda en caso de derrota en los tribunales con Hacienda. Precisamente, en marzo de este año la Audiencia Nacional dictó sentencia a favor de Hacienda y en contra de una televisión autonómica por este mismo tema, lo que hizo saltar las alarmas en Moncloa y en Prado del Rey.

El Gobierno y el consejo de RTVE han hecho oídos sordos durante dos años a las advertencias de los cuatro consejeros nombrados por el PP, que no firmaron las cuentas ni de 2024 ni de 2025 por no reflejar realmente la situación económica de la cadena pública. También la SEPI, dueña del 100% de las acciones de RTVE, ha obviado las advertencias de una parte del consejo.

La solución adoptada finalmente por el Gobierno implica asumir un coste que RTVE cifra en algo más de 600 millones y el auditor, E&Y, en 941 millones.

Además, RTVE cuenta con un presupuesto de gastos para este 2026 de 1.266 millones de euros, lo que supone aumentar los 1.167 millones gastados en 2025.

El origen del conflicto del IVA con Hacienda hay que buscarlo en la crisis económica anterior, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió reducir la deducción por IVA de las televisiones públicas, también las autonómicas. Cada año, Hacienda reclama esos pagos a RTVE, que los abona e inmediatamente presenta un recurso.

Mientras la justicia decide quién tiene razón, RTVE contabiliza esos pagos como deudas de Hacienda con ellos, ante las quejas de los consejeros del PP. Ahora, el Gobierno confiesa que éstos tenían razón y que hay que reformular las cuentas para que la deuda la pague la Administración central.