El Gobierno recula: estudia modificar la ley que grava las indemnizaciones por accidentes de tráfico

El afán recaudatorio del Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado hasta las víctimas de accidentes de tráfico. Según han denunciado este jueves la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC), el Ejecutivo ha incluido una modificación en el IRPF que grava las indemnizaciones de este tipo de accidentes. Sin embargo, el Ministerio de Justicia ahora está abierto a realizar una nueva modificación en ese Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.

Esta mañana ANAVA-RC alertaba de que el Gobierno pretendía «recaudar impuestos con las indemnizaciones» de las víctimas de siniestros viales. Así lo advertía la entidad, que informaba de que ya había enviado sendos escritos de protesta al secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Jacobo Fernández Álvarez, y al director general de Seguros, Sergio Álvarez Camiña, manifestando su «más radical oposición» a una proposición de reforma legal referida al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Un daño irreparable

ANAVA-RC ha solicitado una reunión urgente con representantes del Ministerio de Justicia en la que también estén presentes el resto de asociaciones de víctimas de accidentes y de abogados de víctimas a nivel nacional. «Su puesta en marcha causaría un daño irreparable a las víctimas de accidentes de tráfico y muy especialmente a los lesionados graves», ha asegurado la asociación que engloba a más de 200 despachos de abogados de víctimas de toda España y con mayor representatividad en este sector.

En un comunicado, ANAVA-RC trasladaba su «preocupación» por la redacción de la Disposición final segunda del anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, firmada por el anterior titular del Ministerio de Justicia, Juan Carlos Campo, y aprobada por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020. Según detallaba la asociación, en la citada disposición, «de forma escondida, se realiza una importante» modificación de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, «que no tiene en consideración el grave impacto económico que supondría para estas víctimas, para los perjudicados en caso de fallecimiento e incluso para las aseguradoras».

«No tiene en cuenta que los perjudicados o víctimas en accidentes de circulación, lamentablemente, sufren unos perjuicios personales y patrimoniales en el momento en el que sufren un accidente de circulación por culpa de un tercero, y lo que pretende la indemnización es precisamente compensar esa disminución patrimonial con la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, dejando a la víctima, en la medida de las posibilidades de la norma vigente (Art. 33 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre), en la misma posición que estaba antes de tener el accidente», apuntaba Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.

Ahora el Gobierno recula

Tras la polémica generada en torno a las víctimas de accidentes de tráfico, ahora el Gobierno recula. Según publica Europa Press, citando a fuentes del departamento dirigido por la ministra Pilar Llop, desde el Ministerio y el Gobierno ya estudian las observaciones realizadas al respecto. Las mismas fuentes indican que una vez llegue a las Cortes se buscará el máximo acuerdo y consenso con el resto de fuerzas políticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y en este caso de los familiares de las víctimas de los accidentes de tráfico.

Recuerdan, asimismo, que de momento el anteproyecto de eficiencia procesal está siendo analizado por el Consejo de Estado, y que se sigue dando audiencia a todos los sectores de la sociedad civil afectados por la reforma. En este sentido, apuntan que se estudiará con detenimiento la cuestión ante la preocupación de las víctimas de accidentes por ser ésta una de las cuestiones prioritarias establecidas por la ministra.