El Gobierno reconoce que RTVE está en quiebra por la reclamación de 941 millones de Hacienda por el IVA

El Gobierno reconoce ahora que RTVE estaría en causa de disolución si hubiese provisionado los 941 millones del conflicto del IVA que le reclama Hacienda, como han pedido insistentemente los cuatro consejeros del PP en la cadena pública y como ordena en un informe el ICAC, el Instituto de Contabilidad dependiente del Ministerio de Economía.

«El registro de una provisión, como consecuencia de un cambio de estimación del riesgo en dichas contingencias por parte de sus auditores, implicaría que su patrimonio neto se viera disminuido en 941 millones de euros y arrojase un importe negativo de 118 millones de euros, y entrase, por tanto, en causa de disolución», advierte el Gobierno en la Memoria de análisis de impacto normativo del real decreto aprobado hace una semana en el que establece que esa deuda la pagará la Administración central, no RTVE.

Además, el Gobierno dice que el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros para que los impuestos no deducibles por RTVE se consideren coste del servicio público «no tiene impactos significativos sobre la economía general» ni sobre la competencia.

Respecto al objetivo que se persigue con esta reforma, asegura que es «paliar de forma urgente las consecuencias económicas que genera la incertidumbre financiera a causa de los nuevos pronunciamientos judiciales sobre la sostenibilidad financiera de este servicio público esencial». Para lo cual, considera que «no hay otra alternativa».

El texto detalla que el patrimonio neto de RTVE a 31 de diciembre de 2025, sin incluir ninguna provisión derivada de las contingencias fiscales por IVA, asciende a 823 millones de euros. Pero apunta que de no adoptarse la medida que expresamente identifique estas cantidades como parte del coste neto por compensación del servicio público, «procedería la necesidad de reponerla patrimonialmente». «Esta reposición podría oscilar entre 300 millones de euros, con una reducción muy importante de su capital social, o 900 millones de euros, si se opta por mantener el actual», agrega.

De este modo, sostiene que el cambio de normativa que se aprueba permite mantener el valor actual del patrimonio neto de RTVE al «neutralizar el impacto del eventual coste de los impuestos no deducibles sin ser ya necesario registrar provisión alguna, siendo válido el importe de 823 millones de euros como imagen fiel de su patrimonio y, en consecuencia, no entraría en causa de disolución, y por tanto, ya no sería necesaria la reposición patrimonial señalada anteriormente».

Según indica, el impacto económico del real decreto-ley en las cuentas de 2025 asciende a 941 millones de euros, si bien, «no supone desembolso alguno mientras no se produzca una sentencia desfavorable» y «evita el desembolso de la reposición patrimonial ya que RTVE no entraría en causa de disolución».

El Gobierno explica que esta medida requiere norma con rango de ley puesto que debe modificarse la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal para incluir un nuevo artículo 33 bis. «Dada la urgencia que concurre en este caso, no resulta posible aprobar la medida por vía ordinaria, ni aun recurriendo al procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes», subraya.

Asimismo, añade que esta norma está justificada «por razones de interés general, persigue unos fines claros y determinados y es el instrumento más adecuado» para garantizar la prestación del servicio público que tiene asignado RTVE.

El pasado 16 de junio, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del ministro de Hacienda, Arcadi España, y de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, un real decreto-ley de medidas para garantizar la prestación del servicio público encomendado a RTVE con el que modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, introduciendo un nuevo artículo que señala que los impuestos que no resulten deducibles, tendrán la consideración de coste del servicio público audiovisual estatal.

Según el texto, RTVE tiene encomendada la prestación de un servicio público por la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. «Este servicio se califica como esencial por la propia Ley para la cohesión de una sociedad democrática», añade.

En este sentido, indica que «es obligación del Estado asegurar una financiación suficiente del servicio público cuya prestación se encomienda por ley a CRTVE, siendo el equilibrio económico-financiero de ésta una condición necesaria para su adecuada prestación».

Para ello, es «necesaria una actuación normativa con rango de ley, que modifique la Ley 17/2006, estableciendo que los impuestos no deducibles vinculados a la prestación del servicio público formarán parte del coste del servicio público y deben ser objeto de compensación por el Estado».

El real decreto-ley modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, introduciendo un nuevo artículo que señala que «los impuestos que no resulten deducibles, tendrán la consideración de coste del servicio público audiovisual estatal».

La memoria apunta que se encuentran pendientes de resolución diversos recursos ante los tribunales de justicia relativos a la deducibilidad de determinadas cuotas impositivas soportadas por RTVE, «habiéndose dictado una reciente sentencia que, aun no referida a la Corporación, genera una incertidumbre incompatible con la seguridad jurídica y la estabilidad necesarias para un servicio público como este».

En este sentido, considera que «resulta necesario y urgente» incorporar una previsión legislativa que permita a RTVE reflejar «en sus estados financieros el derecho a percibir del Estado, como parte de la compensación por la prestación del servicio público, el importe de los impuestos soportados no deducibles, posibilitando así su adecuado reflejo en las cuentas anuales a aprobar en el primer semestre de 2026 y garantizando la preservación de su equilibrio patrimonial».

«De no adoptarse de manera urgente esta medida, se produciría un grave perjuicio para el servicio público que tiene encomendado la corporación», advierte el Gobierno en la memoria de impacto firmada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.