El Gobierno exigirá que las empresas no paguen dividendos en 2 años si se benefician del fondo de rescate

El Gobierno socialcomunista quiere tener bajo control a las empresas que peor lo han pasado durante la pandemia. Por eso, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieren imponer unas incompatibilidades a la hora de recibir ayudas del fondo de rescate que se ha anunciado para este viernes. Por ejemplo, las empresas que se beneficien de las ayudas no podrán repartir dividendos en dos años y excluirá de las mismas a aquellas que tengan filiales en paraísos fiscales o que operen en esos países.

Otros requisitos que la Cámara Baja quiere imponer a las empresas que se acojan al rescate son las de cumplir el Acuerdo climático de París, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres y comprometerse con la protección de la biodiversidad.

Estas condiciones afectarían al fondo de 10.000 millones de euros que el Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes para ayudar a empresas viables con problemas de solvencia, junto a una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 40.000 millones de euros.

Este fondo de rescate se articulará a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda. Entre las opciones que baraja el Gobierno no se descarta la posibilidad de entrar a través de la SEPI en el accionariado de alguna de estas empresas de manera transitoria, la compra de deuda u otro instrumento de capital.

Se trata de condiciones que ya se han incorporado a las propuestas del Congreso para la reconstrucción social y económica de España tras la crisis del coronavirus, concretamente en el borrador del grupo de trabajo dedicado a la reactivación económica.

Este grupo de trabajo debatió y votó este miércoles unas 400 enmiendas, en un primer cribado que tendrá continuidad este viernes, ya en la propia Comisión para la reconstrucción, y más adelante ante el Pleno del Congreso.

Las condiciones fueron propuestas por Más País, y respaldadas en el grupo de trabajo por el PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, EH-Bildu y BNG. El PP, Ciudadanos y Coalición Canaria votaron en contra, mientras que el PNV y el PRC decidieron abstenerse.

La enmienda incorporada dice lo siguiente: «Cualquier rescate, ayuda y préstamo irá vinculado a condiciones ecológicas, sociales y económicas justas y sostenibles: Las empresas rescatadas o subvencionadas no pueden operar o tener filiales en paraísos fiscales, tienen que cumplir con el Acuerdo climático de París y comprometerse con la protección de la biodiversidad, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres y no pagar dividendos durante al menos dos años».