El Gobierno debe gastar cinco veces más de lo anunciado para cerrar la brecha digital de la España rural

El Gobierno debería multiplicar prácticamente por cinco la cifra prevista de 250 millones de euros en ayudas para llevar la conectividad de internet rápida a las zonas rurales de la España vaciada si lo que quiere es llegar con 100 Mbps a todas las zonas con Entidades Singulares de Población por encima de 10 habitantes, según fuentes del sector consultadas por OKDIARIO. En otras palabras, el gasto público-privado necesario alcanzaría una horquilla entre 2.000 millones y 2.200 millones, casi los 2.275 millones que comprende el plan de digitalización de los fondos europeos y del que se desglosan esos 250 millones. Eso significa que la aportación de la Administración Pública debería ser de, al menos, 1.200 millones.

«Es una cifra que se queda muy corta», comentan en relación a la partida destinada por el Gobierno a cerrar la brecha digital de las áreas rurales. «Para llegar a todos los puntos rurales de España no es suficiente», apuntan otras fuentes del sector.

Ese apoyo, continúan, generará probablemente un 30% adicional de inversión privada. «Es decir, en total se invertirán entre 325 millones y 350 millones», destacan, una cifra muy por debajo de lo requerido.

Según un informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la cobertura de banda ancha a 100 Mbps llegó al 63% en las áreas rurales, lo que implica que sus habitantes no pueden consumir internet al mismo nivel que los que residen en núcleos urbanos más amplios, con lo que el 37% restante se queda colgado. De acuerdo con algunos estudios, en la actualidad 1.600.000 españoles aún tienen 30 Mbps o menos. Eso supone no tener acceso a las mismas oportunidades profesionales, educativas y sociales que en las ciudades.

Para hacerse una idea, 100 Mbps permite navegar por Internet sin problemas en varios dispositivos a la vez, descargar archivos, jugar en Internet y también disfrutar de los contenidos de las plataformas de streaming en Ultra HD, por poner algunos ejemplos.

Además, desde el sector lamentan que aún no se hayan eliminado las trabas burocráticas, sobre todo a nivel local, que impiden el despliegue de infraestructuras clave para el desarrollo socio-económico de las zonas rurales, pensando sobre todo en pymes que ven lastrada su actividad por esta carencia.

La «última milla» de la brecha digital es la más complicada de resolver, ya que en enterrar cable y poner antenas se tarda necesariamente año y medio o dos años, apuntan. Los permisos para soterrar estas infraestructuras se están prolongando en el tiempo.

«Por muchos fondos que ponga el Gobierno para desplegar en las zonas rurales, la última palabra la tienen los Ayuntamientos. Si no puedes levantar las aceras porque no te ponen el sello, no hay nada que hacer», explican las fuentes. «Hay procesos administrativos en los que valorará el Ayuntamiento si se hace o no (la instalación de estas infraestructuras) y llevan un tiempo», añaden.

Rentabilidad «justita» para las operadoras

En los próximos meses, una vez que se publique el pliego, las operadoras presentarán propuestas para llegar a los pueblos en los que el Gobierno quiere mejorar la conectividad como en un concurso público y quien mejor oferta haga, según el Ejecutivo, se lo lleva.

Previamente, las compañías habrán realizado un análisis para comprobar si es posible el despliegue en las fechas marcadas, cuántas unidades inmobiliarias pueden incorporarse, en qué provincias, etc. «El proyecto tiene que ser rentable, pero en el mundo rural la rentabilidad es muy justita», señalan las fuentes.  «En un pueblo con 600 habitantes en el que hay que invertir, la rentabilidad es a largo plazo, no a corto, como en las zonas urbanas con pisos de 12 plantas frente a chalés o casas en los pueblos de una planta», subrayan.

Además, el Gobierno da ayudas para el despliegue de la fibra, pero no para mantenerla, detallan. «Estaría mejor tener algo más de ayudas. Siempre es justo o poco» lo que conceden, indican.

El año pasado, Telefónica, Adamo y Avatel fueron las operadoras que se adjudicaron las ayudas de 250 millones ofrecidas a través del programa Único Banda Ancha. En concreto, Telefónica logró 198 millones para 39 provincias más Ceuta y Melilla, mientras que Adamo recibió un importe de 27 millones y Avatel de 25 millones.

El plan por el que el Gobierno invertirá 250 millones en las áreas rurales no establece por ahora exactamente a qué tipo de poblaciones va destinado ese dinero, pero las zonas blancas, aquellas que no tienen nada de internet, están fundamentalmente en poblaciones pequeñas, las que se presume que serán las más beneficiadas con estas ayudas.