Las gasolineras ‘low cost’ piden al Gobierno atrasar impuestos para compensar el descuento

La patronal de las gasolineras que agrupa a las estaciones de servicio automáticas y low cost ha pedido al Gobierno que acepte retrasar el cobro de impuestos al sector como fórmula para compensar la pérdida de liquidez que les provoca aplicar el descuento mínimo de 20 céntimos por litro exigido por ley. La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ya ha transmitido ésta y otras propuestas al Gobierno a través de una reunión con la Secretaría de Estado de Hacienda, según ha explicado este martes en un comunicado.

Un portavoz de la entidad ha precisado que la opción de interponer un recurso ante los tribunales contra el decreto ley aprobado por el Gobierno hace dos semanas para bajar los precios del carburante sigue encima de la mesa, a la espera de la evolución de las conversaciones con el Ejecutivo. De momento, la Aesae ha asegurado que sus socios «no han cerrado ninguna de sus estaciones» pese al impacto en su liquidez de la bonificación de 20 céntimos.

Entre las medidas que la patronal de gasolineras low cost ha elevado al Gobierno, destaca la de «retrasar el pago, sin coste, de algunos impuestos» como el de sociedades o el IVA, con el objetivo de «aliviar las tensiones de liquidez que la mayor parte de las gasolineras están soportando en este momento». Otra alternativa planteada por las estaciones low cost es cambiar el método de cálculo de los anticipos que concede la Agencia Tributaria para adelantar el importe estimado que gastarán las gasolineras en esta rebaja de 20 céntimos, de forma que se base en los datos de ventas de marzo de 2022.

El sistema actual hace una estimación basada en la media mensual de ventas de cada gasolinera en 2021, un ejercicio en el que todavía había restricciones por la pandemia y cuando el consumo de combustible fue sensiblemente inferior al actual, según el sector, que advierte de que el adelanto está lejos de cubrir el importe a adelantar por la bonificación. También han reclamado que se altere el límite de dos millones de euros fijado como máximo en el adelanto que concede la Agencia Tributaria, ya que en su opinión es una medida «discriminatoria» por perjudicar «a las empresas con un número de estaciones importante».