Los fondos Pimco, Anchorage y Algebris quieren volver a imputar al Banco Santander en el caso Popular

Tres de los fondos de inversión afectados por la quiebra del Banco Popular, concretamente los fondos Anchorage, Algebris y Pimco, han solicitado a la Audiencia Nacional un recurso para su decisión del pasado 30 de abril, que quitó la imputación a Banco Santander como sucesor legal del caso Popular.

La Audiencia Nacional admitió ese día a trámite el recurso presentado por el Santander contra su imputación en calidad de heredero en la causa que investiga la quiebra y liquidación del Banco Popular, en contra del criterio de la Fiscalía, y dejó sin efecto su condición de investigado.

Aunque la decisión de la Sala no era recurrible, estos tres fondos discrepan de la decisión y ven posible presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de casación por infracción de la ley de enjuiciamiento criminal.

El auto supone, para los fondos, una exoneración completa y definitiva de cualquier responsabilidad penal para el banco

El auto del pasado 30 de abril que exoneraba al Santander equivale para estos fondos a un sobreseimiento libre, que a su vez «se asimila a una sentencia absolutoria y tiene eficacia de cosa juzgada»; de ahí que se admita en ciertos supuestos la casación frente a ellos.

Es irrelevante, señalan los fondos afectados, que el auto no utilice literalmente la expresión «sobreseimiento libre», o que indique que la imputación del Santander «se podría producir en el futuro» por otros hechos distintos.

El auto supone, para los fondos, «una exoneración completa y definitiva de cualquier responsabilidad penal para el Banco Santander», por lo que sí es recurrible ante el Supremo.

El entonces titular del juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite tras la venta al Santander del Banco Popular por un euro en junio de 2017 diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.