El FMI asegura que moderación salarial ha evitado la pérdida de casi un millón de empleos en España

El FMI ha aplaudido la reforma laboral llevada a cabo por le Ejecutivo de Mariano Rajoy durante la anterior legislatura. Desde el organismo internacional señalan que la moderación salarial ha evitado la pérdida  de casi un millón de empleos, una cifra prácticamente equivalente a la de los puestos de trabajo generados por la economía española entre 2014 y 2015.

En su último informe anual sobre España, el FMI ha asegurado que es necesario no dar marcha atrás en el camino emprendido y perseverar en la corrección de desequilibrios como la dualidad del mercado de trabajo y las altas tasas de desempleo, principalmente entre jóvenes y parados de larga duración. Reza el documento que en «ausencia del ajuste salarial facilitado por la reforma, otros 900.000 empleos adicionales se habrían perdido, básicamente compensando la creación neta de puestos de trabajo observada entre 2014 y 2015».

El organismo de Christine Lagarde ha indicado que si una flexibilidad salarial se hubiera dado antes de 2012, «podría haberse evitado» la pérdida de 2 millones de empleos y el aumento de 8 puntos porcentuales de la tasa de paro. Creen desde el FMI que la reforma del Gobierno ha estimulado la contratación al elevar la probabilidad de pasar del paro a un empleo indefinido y reduciendo la probabilidad de despido de los trabajadores con contrato temporal, aunque admite que su efecto sobre la dualidad del mercado de trabajo ha sido marginal en el corto plazo.

El FMI reconoce que, a pesar de que existen algunas evidencias de que la reforma del mercado laboral ha promovido un aumento del empleo permanente, una gran parte de los nuevos empleos siguen siendo contratos temporales, cuya incidencia en el total de empleo se ha mantenido sin cambios en torno al 25% desde 2008, una de las mayores tasas de temporalidad de Europa.

Cree que la reforma ha tenido un impacto positivo sobre el mercado de trabajo español, aunque señala que aún persisten «importantes rigideces», incluyendo la dualidad del mercado, para lo que considera necesario hacer más atractivos para los empresarios los contratos indefinidos.

Introducción de la mochila austriáca

En este sentido, la institución plantea la necesidad de simplificar «el menú» de contratos a disposición del empresario al mismo tiempo que se reduce de forma efectiva la brecha de protección a los distintos tipos de empleo. De este modo, el FMI propone la introducción de un contrato único de duración indefinida cuya indemnización por despido se incremente gradualmente a lo largo del tiempo y que podría coexistir con otros contratos que darían respuesta a las necesidades específicas y costes de formación de sectores con elevada temporalidad como el turismo o la agricultura.

Como alternativa a este contrato único, el Fondo plantea la introducción gradual en el mercado laboral español del modelo de ‘mochila austriaca’, que permitiría a los trabajadores trasladar de un empleo a otro los derechos de indemnización por despido independientemente de los tipos de contrato bajo los que se preste servicio.

Subir el IVA y modificar la financiación autonómica

España ha cumplido con suficiencia el objetivo de déficit del 4,6% del PIB pactado con Bruselas para 2016 y es factible que logre cumplir también la meta del 3,1% prevista para este año sin necesidad de ajustes adicionales en caso de materializarse el aumento de recaudación previsto por el Gobierno gracias a las medidas planteadas para 2017, aunque la institución echa en falta una estrategia «creíble» de consolidación fiscal a medio plazo para lo que recomienda subir el IVA, así como los impuestos indirectos y medioambientales, además de acometer una reforma de la financiación autonómica.

El FMI reconoce que «si se materializa parte del impacto previsto sobre los ingresos (0,2% del PIB) el objetivo de déficit para 2017 está al alcance» y destaca que, a pesar de no haberse acordado aún un presupuesto para 2017, las medidas de ajuste planteadas representan un paso importante para reducir el déficit estructural y la deuda pública.