Los estibadores amenazan al Gobierno con más huelgas para mantener sus privilegios

Los sindicatos de estibadores han amenazado al Gobierno este martes con convocar más huelgas, además de las ya previstas, si se aprueba el decreto que supondrá la liberalización del mercado de trabajo del sector y el fin de los privilegios, tal como exige una sentencia de la Justicia europea.

Los estibadores han informado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de que en caso de que se apruebe la reforma en el Consejo de Ministros de este viernes, como está previsto, procederán a ampliar las huelgas convocadas para los próximos 20, 22 y 24 de febrero, según informó uno de los representantes de los sindicatos del sector, Antolín Goya.

El problema es el que el Ministerio de Fomento lleva tiempo tratando de explicar a los estibadores. No se trata de una decisión política, sino una cuestión referente al cumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y es que al Gobierno no le queda otra que adaptarse a la legislación europea. De no hacerlo, Bruselas aplicaría sanciones por valor de 134.000 euros diarios por cada día de retraso desde la publicación de la sentencia condenatoria.

La estiba es un sector en el que trabajan poco más de 6.000 personas, pero que tiene mucho poder debido a su importancia para la economía. En España, los costes laborales del sector suponen entre el 55% y el 60%, mientras que en Alemania alcanzan tan sólo el 37%. Un gruista puede tener un salario, según el puerto, de hasta 110.000 euros al año. La media del sistema son unos 64.000 euros anuales, lo que supone un 60% más que la media del resto de trabajadores de puertos.

El Gobierno insiste en que la reforma no trata de eso, sino que ahora dependerá de la negociación colectiva, como en cualquier otro sector. Ahora mismo, los sindicatos establecen cuántas personas tienen que dedicarse a una tarea concreta, lo que dificulta la automatización.

El Ejecutivo asegura que ha conseguido la máxima flexibilización que la Comisión Europea ha permitido. En un principio, Fomento solicitó 7 años de período de transición de cara a aplicar lo obligado en la sentencia del 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ahora mismo, las empresas están obligadas a contratar a sus empleados a través de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (SAGEP), de las que son accionistas las propias compañías estibadoras. Es decir, no existe libertad de contratación de trabajadores.

Con la aprobación del decreto que el Gobierno llevará a cabo este viernes, la UE consigue que haya una mayor apertura de mercado en el trabajo portuario, un sector muy controlado por los sindicatos gremiales. Lo que se pretende, según Fomento, es que cualquier español pueda ser estibador.