España aún está pagando su banca política: sólo Cívica, Caja3 y Liberbank devolvieron sus ayudas

Las experiencias con la banca pública gestionada por políticos han tenido hasta ahora un efecto desastroso para las cuentas públicas de España y han generado un coste de decenas de miles de euros para el erario público. Según los datos actualizados por el Banco de España a 31 de diciembre de 2018, el importe total de las ayudas netas ha ascendido a 65.725 millones de euros, de los que apenas se ha devuelto una pequeña parte (5.225 millones, según el regulador).

De hecho, tan sólo tres entidades regionales pequeñas pueden presumir de que devolvieron todo el dinero que se les prestó en forma de capital o instrumentos híbridos: Banca Cívica (Navarra), que devolvió sus 977 millones en preferentes cuando fue integrada por Caixabank; Caja3 (Zaragoza), que devolvió sus 407 millones de euros en cocos (bonos convertibles contingentes) y que actualmente forma parte de Ibercaja; y Liberbank (Asturias, Cantabria y Extremadura), la única que se mantiene como entidad propia todavía y que devolvió los 124 millones de euros en cocos que amortizó tras ser rescatada por el Frob.

Este 2019 se han cumplido diez años de la primera intervención bancaria de la crisis (Caja Castilla-La Mancha en marzo de 2009) y se puede hacer balance de los bancos que más dinero costaron al contribuyente. Bankia es el primero en ayudas netas, porque recibió 24.069 millones y el Frob estima que puede recuperar 9.560.

Por tanto, las ayudas netas a Bankia quedarían en 11.817 millones de euros, aunque hay que tener en cuenta que se trata de una estimación, actualmente dañada por los bajos precios de la acción, que debería multiplicar su valor para que el Estado pudiera recuperar las ayudas.

Tras la gestión politizada que llevó al banco a la quiebra con presidentes como Miguel Blesa y Rodrigo Rato, desde 2012 es José Ignacio Goirigolzarri el gestor del banco. Pablo Iglesias propone en el programa electoral de Unidas Podemos relevar al banquero vasco ex BBVA y que el Congreso nombre a otro gestor que «sí sea capaz de entender el rol de la banca pública». La Audiencia Nacional está terminando la sentencia que puede enviar a la cárcel a algunos de sus directivos.

La segunda entidad en cantidad total de ayudas es Catalunya Banc, gestionada por el PSC y que fue a la quiebra cuando el ex ministro Narcís Serra era su presidente. Los socialistas catalanes dejaron una factura para el Estado superior a la de Bankia en comparación al volumen de activos gestionados, con un total de 12.704 millones de euros, de los que se devolvieron hasta el momento 1.165 millones, un 9,17%. El BBVA de Francisco González adquirió en 2014 Catalunya Banc por 1.187 millones. Ninguno de los directivos de su cúpula ha ido a la cárcel.

Pero posiblemente peor que Catalunya Banc ha sido la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), gestionada por políticos populares de la provincia de Alicante y que costó la friolera de 12.458 millones de euros. Calificada por el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez como «lo peor de lo peor», sólo ha devuelto un 0,12% del capital prestado. Ninguno de sus directivos ha ido a la cárcel.

En cuarto lugar en cantidad total recibida está Novacaixagalicia, el banco gallego al que le inyectaron 8.621 millones en ayudas netas y que tan sólo ha podido devolver 783 millones. Sus directivos entraron en prisión en 2017 aunque algunos estuvieron apenas unos meses en la cárcel.

Los que no han devuelto nada

Si estas entidades antes mencionadas han tenido un resultado desastroso, gestionadas sobre todo por los socialistas catalanes y por miembros del PP de Valencia, Galicia y Madrid, aún peor han resultado en términos relativos las que mencionamos a continuación, pues de ellas no se ha recuperado ni un céntimo de las ayudas públicas.

Unnim, otra entidad catalana procedente de cajas de ahorros gestionadas por el PSC, costó 2.902 millones de euros en ayudas públicas y de ellas no se ha devuelto ni un euro. En 2012 fue también adquirida por BBVA.

Pero Banco de Valencia, entidad gestionada por políticos próximos al Partido Popular de José Luis Olivas en la Comunidad Valenciana a través de Bancaja (integrada en Bankia), la supera, dejando una factura de 5.498 millones de euros, de los que no se ha recuperado nada. Banco Gallego dejó una factura irrecuperable pero inferior: 245 millones de euros.