Bruselas puede multar a España por no aplicar la directiva antiblanqueo en plena batalla entre Economía y el Banco de España
El Ministerio de Economía no tiene capacidad para cumplir con las exigencias de la nueva normativa europea antiblanqueo
España empezará a enfrentarse a multas de la Comisión Europea desde el próximo mes si lo decide Bruselas, al no haber traspuesto todavía la nueva directiva europea contra el blanqueo de capitales. Todo ello en plena guerra interna entre el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por el control del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
Fuentes del organismo supervisor aseguran que el Ministerio de Economía no tiene actualmente capacidad suficiente para cumplir con las exigencias derivadas de la nueva normativa europea antiblanqueo, después de que el Banco de España haya reducido su implicación y recursos en esta materia. Es algo que «devengará multa a partir del mes que viene», salvo que en Bruselas decidan dar una moratoria. Entre la «falta de disposición y personal» y la «imposibilidad de aprobar nada con la mayoría del Congreso», la trasposición de la normativa nueva «no es algo que vaya a ocurrir».
El bloqueo interno frena la transposición
El choque entre Economía y el Banco de España podría terminar por afectar directamente a la aplicación de la normativa europea contra el blanqueo de capitales, máxime cuando está prevista la visita del GAFI (organismo que verifica cómo se aplican las normas antiblanqueo) para el primer trimestre de 2027. Además, según explican fuentes conocedoras de la situación y explicamos en OKDIARIO, parte del personal especializado del supervisor financiero ha dejado de participar en labores vinculadas a prevención de blanqueo, reduciendo la capacidad técnica para sacar adelante la adaptación normativa exigida por Bruselas. Y eso, «en el caso de que el Gobierno lograra su aprobación».
La consecuencia es el descrédito del supervisor nacional, que estaba entre los más prestigiosos tras la anterior evaluación dirigida por Juan Manuel Vega, ahora en el supervisor europeo. Todo apunta a que España pasará al vagón de cola. Nuestro país llegará fuera de plazo a la transposición de la directiva europea, algo que activa automáticamente el procedimiento sancionador comunitario, que puede revisarlo para recomendar la sanción o dar un plazo de margen. Eso sí, Bruselas considera prioritaria esta normativa dentro del nuevo marco de control financiero y supervisión del dinero ilícito en toda la Unión Europea.
Menos medios en plena presión europea
La normativa afectada es la Sexta Directiva Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLD6), aprobada por la Unión Europea en mayo de 2024 dentro del nuevo paquete comunitario de control financiero y lucha contra el dinero ilícito. El texto forma parte de una reforma integral impulsada por Bruselas para unificar criterios de supervisión, endurecer las obligaciones de control y cerrar diferencias regulatorias entre Estados miembros.
El paquete legislativo incluye además la creación de la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), que tendrá capacidad de supervisión directa sobre determinadas entidades financieras y coordinará la vigilancia antiblanqueo en toda la Unión Europea. Los países miembros están obligados a adaptar su legislación nacional antes del 10 de julio de 2027.
Las fuentes consultadas sostienen que la estructura encargada de estas funciones se ha ido debilitando durante los últimos meses en España, justo cuando la Unión Europea ha endurecido sus exigencias en materia de control financiero, supervisión bancaria y lucha contra el blanqueo. La situación se produce además en un contexto especialmente sensible, con varios casos de corrupción bajo investigación y una presión creciente desde Bruselas para reforzar los mecanismos de vigilancia financiera de los Estados miembros.
Según las fuentes del entorno supervisor, el conflicto entre Escrivá y Cuerpo ha terminado provocando un vacío operativo que impide cumplir en tiempo y forma con la nueva normativa comunitaria. Y el resultado tendrá una consecuencia directa: multas económicas para España desde el próximo mes de junio por incumplir la directiva europea antiblanqueo.
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