El bufete de Montoro cambió la normativa para salvar a Messer tras la construcción de un planta ilegal

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 21/07/2025 13:59
  • Actualizado: 21/07/2025 13:59

Equipo Económico logró que una planta ilegal en Messer fuera rentable gracias a una modificación de la normativa impulsada por el ex ministro Cristóbal Montoro. La planta que la multinacional Messer Ibérica de Gases construyó en 2007 en El Morell nació condenada: fue edificada sobre suelo rústico sin urbanizar, sin licencias de obra y sin autorización ambiental. Las advertencias de la Generalitat, que ordenó paralizar los trabajos por infracción muy grave, fueron desoídas. El juez que instruye el caso Montoro asegura que el Ayuntamiento concedió la licencia de obras a posteriori, el mismo día que se certificó el final de obra por parte de Messer, y sin informes previos del arquitecto ni del secretario municipal. Las obras de urbanización no comenzarían hasta 2019.

Messer invirtió más de 30 millones de euros en unas instalaciones de altísimo consumo energético, cuya viabilidad dependía de reducir drásticamente el impacto fiscal del impuesto eléctrico. La empresa necesitaba una solución política urgente. Y la encontró, junto a otras cuatro compañías del sector, en un bufete muy particular: Equipo Económico, fundado por el entonces exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien regresaría al cargo en 2011, abandonando su bufete sólo de forma presencial, pero manteniendo contacto directo con su hermano Ricardo, al que dejó de testaferro, y varios de sus socios.

Las gasistas y Montoro

El sector de los gases industriales, representado por la patronal AFGIM, contrató entre 2012 y 2014 al despacho Equipo Económico, entonces liderado por ex altos cargos del propio Ministerio de Hacienda. El objetivo era conseguir una modificación legal en los Presupuestos Generales del Estado que eximiera del 85% del impuesto eléctrico a las plantas de fraccionamiento de aire.

El pago conjunto superó los 312.000 euros (IVA incluido), distribuidos así:

PRAXAIR: 78.650 euros
CARBUROS METÁLICOS: 78.650 euros
AIR LIQUIDE ESPAÑA: 60.500 euros
ABELLO LINDE: 60.500 euros
MESSER IBERICA: 33.880 euros

Las comunicaciones internas revelan que el despacho fue elegido por su “contacto directo con Montoro”. En uno de los correos, el director técnico de Messer, Rubén Folgado, explica que es “la vía más directa y eficaz para sacar adelante la bonificación”. La consultora Ernst & Young colaboró paralelamente con AFGIM para cuantificar el impacto económico que justificaría la petición ante Hacienda.

Los documentos aportados a la investigación judicial confirman que fue el propio Equipo Económico quien redactó la propuesta de enmienda que luego acabaría aprobándose sin modificaciones relevantes, según la propia Agencia Tributaria. La redacción se centró exclusivamente en beneficiar a las plantas del sector, dejando fuera cualquier otra industria energética.

La bonificación salvó la planta ilegal

En 2014, el Congreso aprobó la enmienda fiscal propuesta por el bufete. Con ello, la planta de Messer en El Morell, construida ilegalmente años antes, pasó a ser viable gracias a la rebaja impositiva diseñada a medida por parte del equipo de Cristóbal Montoro. La bonificación del 85% en el impuesto sobre la electricidad no respondió a una lógica técnica ni a una política fiscal generalista, sino a una iniciativa concreta promovida desde fuera del Ministerio, aunque tramitada desde su interior.

El juez que investiga la causa considera que existió una estrategia coordinada entre empresas privadas, un despacho de influencia política y Hacienda, y estudia los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación. La Fiscalía pone el foco en el despacho creado por Montoro, que actuó como “correa de transmisión privilegiada” para alterar una norma fiscal en favor de quienes lo habían financiado.

Aunque Montoro ya no figuraba en el organigrama de Equipo Económico en el momento de los pagos, seguía siendo el titular del Ministerio de Hacienda, y los exsocios de su despacho operaban en contacto directo con el núcleo político. La planta ilegal, el negocio fiscal a medida y los pagos por influencia componen una trama que apunta a un uso del poder público para beneficio privado. Y al centro de todo, aunque sin dejar rastro directo en las cuentas, está el nombre de Cristóbal Montoro.