Bruselas aprueba una norma antiblanqueo que las empresas financieras consideran imposible de cumplir
Sólo una de cada tres empresas obligadas cree que llegará preparada a la entrada en vigor de la nueva normativa europea
Europa ha activado la mayor reforma contra el blanqueo de capitales de la última década y las primeras señales ya preocupan al sector. Un informe de PwC revela que sólo una de cada tres entidades financieras confía en llegar preparada a julio de 2027.
La nueva normativa (AML) crea un reglamento único para toda la Unión Europea y endurece las obligaciones de control de las empresas sujetas a la normativa. A partir de julio de 2027 ya no bastará con disponer de protocolos internos: las organizaciones deberán demostrar ante los supervisores que sus sistemas de prevención del blanqueo son eficaces y se revisan de forma continua.
Para muchas organizaciones, como bancos, empresas fintech, plataformas de criptomonedas, empresas de financiación participativa y negocios de bienes de lujo, la nueva normativa obligará a revisar por completo sus sistemas para identificar a sus clientes, verificar a las empresas con las que trabajan y prevenir el blanqueo de capitales.
El riesgo de no llegar a tiempo
La introducción de un reglamento único de la UE suscita preocupación entre los empresarios sobre la capacidad de sus compañías para cumplir con los nuevos requisitos a tiempo.
Aunque el nuevo Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales (AMLR) será aplicable con carácter general a partir del 10 de julio de 2027, los expertos reunidos en INBLANC coinciden en que la adaptación no podrá improvisarse durante los últimos meses.
Un estudio realizado en más de 500 empresas de 40 países lo corrobora y revela una creciente brecha en la preparación. Además, destapa a un continente dividido en cuanto a la eficacia de las medidas contra el blanqueo de capitales.
Y es que fuera de la UE, el panorama es aún más desalentador. La confianza en la eficacia de los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales vigentes es notablemente menor fuera del bloque: sólo entre el 10% y el 12% de los bancos y gestores de activos, y apenas el 7% de las aseguradoras, consideran que la normativa actual es adecuada.
Cambios estructurales en las empresas
Al mismo tiempo, muchas empresas prevén cambios significativos en su infraestructura de datos para la lucha contra el blanqueo de capitales, lo que evidencia la magnitud de la transformación necesaria para cumplir con las nuevas expectativas de información y supervisión. Si bien la inversión en IA y análisis avanzados se está acelerando, su adopción sigue siendo desigual, y la calidad de los datos, la gobernanza y la incertidumbre regulatoria continúan siendo factores limitantes clave.
En este sentido, los órganos de administración deberán asumir un papel mucho más activo, con información periódica sobre riesgos, recursos, deficiencias detectadas, prioridades y planes de mejora. Ya no bastará con aprobar un manual de prevención, sino que será necesario supervisar el funcionamiento real del sistema.
Cada organización deberá diseñar controles adaptados a sus riesgos específicos y, sobre todo, justificar documentalmente por qué ese modelo resulta suficiente. Jesús Pindado Delgado, de UBS, señala que «la proporcionalidad no supone una rebaja de exigencias, sino la obligación de demostrar que el sistema responde adecuadamente al nivel de riesgo asumido».
Carrera antiblanqueo a contrarreloj
Con todo ello, los profesionales apuntan a que las entidades sujetas a la normativa deberían iniciar cuanto antes un proceso estructurado de adaptación que incluya un diagnóstico de brechas respecto al nuevo marco europeo, un plan de transición, responsables específicamente designados y evidencias de las actuaciones realizadas.
Quienes esperen a 2027 para iniciar la adaptación difícilmente dispondrán del tiempo suficiente para implantar un sistema sólido, proporcional y plenamente alineado con las nuevas exigencias regulatorias.
Con menos de un año para preparar la adaptación, los expertos coinciden en que retrasar el proceso hasta el año que viene puede convertir el cumplimiento en una carrera contrarreloj.
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