Báñez descarta un impuesto para las pensiones de viudedad y orfandad, como adelantó OKDIARIO

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado que el Gobierno no va a crear un nuevo impuesto para financiar los 24.000 millones anuales necesarios para pagar las pensiones de viudedad y orfandad. Tal como avanzó OKDIARIO el objetivo de su departamento es ir incorporando de forma progresiva el coste de estas prestaciones a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de forma que ya no será la caja de la Seguridad Social la que abone la factura.

En declaraciones a la cadena Cope, la ministra ha explicado que financiar con cargo a los PGE estas pensiones de una sola vez generaría un impacto inasumible para las cuentas públicas, por lo que modificar el sistema para que ya no se sufraguen mediante las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores será algo que se realice de forma “progresiva”.  En todo caso los pensionistas no tienen de qué preocuparse, ya que cobrarán igual, sea quien sea el organismo público que realice los pagos.

Báñez ha recordado que se trata de «una propuesta que responde a lo que el Pacto de Toledo pidió en su día: que las pensiones de muerte y supervivencia se paguen desde los Presupuestos Generales del Estado».

A este respecto, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha indicado en una entrevista a Antena 3 que “lo razonable es que la política de empleo se financie con la imposición general y ahora que las cosas empiezan a ir mejor podemos liberar a la Seguridad Social de ese gasto para mantener unas pensiones estables, seguras y dignas».

Sacar estas pensiones de la caja única de la Seguridad Social permitiría eliminar de un plumazo el déficit del sistema de protección (que cerrará el año cerca de los 17.000 millones de euros), permitiendo que el superávit sirva para engrosar el Fondo de Reserva (la denominada hucha de las pensiones). En la actualidad, quedan en esta herramienta poco más de 25.000 millones de euros y si no hay reformas se agotará a finales del próximo año.

Aunque el debate sobre la reforma de las pensiones va a durar varios meses en el Congreso de los Diputados en el marco del Pacto de Toledo, el Gobierno quiere que se apruebe una reforma express en el sistema de financiación ya en los PGE de 2017, que se están elaborando en la actualidad. Para su aprobación en sede parlamentaria será necesario que el Ejecutivo llegue a acuerdos con las distintas formaciones políticas y, en este contexto, desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se defiende la idea de garantizar los ingresos, pero nunca creando un nuevo impuesto.

Desde el PSOE y Podemos se defiende la necesidad de aumentar las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores, pero eso supondría elevar la carga que soporta el sector privado que es, a la postre, el encargado de crear empleo. Las cotizaciones sociales no dejan de ser un “impuesto al trabajo” y si se elevan se frenará la creación de empleo. En cuanto a Ciudadanos, en el pacto alcanzado con el PP de las 150 medidas se planteaba incluso su reducción en el caso de los trabajadores autónomos.

“Crear un impuesto para mantener el Estado de Bienestar como el de Francia es, por el momento, algo que no se plantea el Gobierno”, señalan fuentes gubernamentales consultadas. “Aunque necesitamos incluir alguna medida que permita aumentar la recaudación en los Presupuestos y hay que hacerlo pronto”, explican.

Precisamente esta semana la comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo inicia sus trabajos en el Congreso de los Diputados una vez que se ha despejado la incertidumbre política. Estos encuentros servirán para elaborar una serie de propuestas que podrán ver la luz en el primer trimestre del próximo año. El próximo martes la ministra de Empleo y Seguridad Social desglosará las “medidas urgentes que necesita el sistema de pensiones para atajar su déficit”.