La banca rechaza a Deloitte como auditora por la imputación en Bankia y el escándalo de Abengoa

La imputación de Deloitte en el caso que investiga las irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia y las acusaciones que implican a la  auditora en el maquillaje contable de Abengoa, han provocado que el sector financiero español deje de confían en la firma de servicios profesionales que preside en España Fernando Ruiz. La última entidad que va a abandonar a Deloitte es CaixaBank, siguiendo los pasos de Santander, BBVA y Bankia, que ya no quieren que sea la auditora encargada de analizar y, en su caso, dar el visto bueno a sus cuentas.

La ruptura de la entidad financiera que ahora preside Jordi Gual con Deloitte se producirá dentro de dos años, es decir, que Deloitte auditará los estados financieros del banco en 2017 pero no en 2018, tal como adelanta ElConfidencial. El cambio formal se producirá en la junta general de accionistas de CaixaBank del próximo año, para lo cual la entidad financiera ya ha iniciado los trámites oportunos.

Esto supone que Deloitte ya no auditará a ninguno de los grandes grupos bancarios españoles que cotizan en el Ibex 35. El pasado julio el consejo de administración de BBVA nombró a KPMG como nuevo fiscalizador de sus cuentas, tras más de 25 años de matrimonio con Deloitte; el consejo de administración del Santander optó por PwC, como Bankinter, mientras que en el caso de Bankia la auditora es EY. Por su parte, Banco Popular mantiene su contrato con PwC y Sabadell con EY.

Además, la nueva Ley de Auditoría obliga a cambiar de auditor a las empresas cuando alcanzan los 10 años de relación contractual, pero si ya han pasado ese periodo, la normativa plantea un periodo transitorio para realizar la rotación. Las empresas que hayan sido auditadas por la misma firma durante 20 años tienen de plazo hasta 2020, y si se encuentran entre los 10 y los 20 años el periodo máximo vence en 2023.

La entrada en vigor de la nueva norma se ha producido este verano, justo cuando Deloitte se encuentra en una crisis reputacional sin precedentes. La auditora como persona jurídica y su socio Francisco Celma están imputados en el caso de la salida a Bolsa de Bankia por no haber apreciado fraude en las cuentas presentadas por la entidad financiera en 2011. El ICAC ha sancionado con 12 millones de euros a la firma, una multa que no ha podido eludir Deloitte y que acaba de ser ratificada.

En el otro escándalo de Bankia, el de las tarjetas black, Deloitte ha logrado eludir la acción de la justicia y no está imputada en el macrojuicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional, a pesar de que la antigua dirección de Caja Madrid asegura que la auditora tenía suficiente información para conocer la existencia de esta remuneración irregular ocultada a Hacienda.

Además, la acusación particular en el caso Abengoa ha solicitado, sin éxito, la imputación de Deloitte por “haber participado en el falseamiento de las cuentas” de la empresa sevillana. El despacho acusa a Deloitte y a Abengoa como personas jurídicas de los delitos de “falseamiento de documentos” y “falseamiento de información económico-financiera”. En el caso de la auditora apunta que “ha existido mala fe en los criterios utilizados en su contabilidad interna, lo que constituye un acto de obvia y burda manipulación y alteración de los precios de sus títulos en el mercado”.

Otro frente judicial que tiene abierto Deloitte está en México, donde el despacho DGT Díez ha presentado una denuncia penal contra la firma por encubrir la falsificación de la contabilidad de OHL México, un delito por el que ya ha sido sancionada por parte del organismo supervisor del país centroamericano.

De las 35 compañías que componen el principal selectivo español, apenas encontramos tres que seguirán siendo auditadas por Deloitte, y que a priori seguirán haciéndolo en el futuro: hablamos de Abertis, Ferrovial, y Merlin Properties. Hace un año, Deloitte ha auditaba a casi a la mitad de las empresas del Ibex 35, con lo que ha perdido cuatro quintas partes de sus clientes del selectivo.