Devolver los 2.800 millones de la amnistía fiscal es “legalmente imposible”
La lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales ha sido uno de los que más desencuentros ha generado entre sendos partidos. Ciudadanos ha logrado que el PP se comprometa a recuperar los 2.800 millones de euros que fueron condonados a quienes se acogieron a la última amnistía fiscal, en el año 2012. Según ha podido saber OKDIARIO, se ha tratado de un punto ‘obligatorio’ para Ciudadanos, e indispensable para seguir adelante con las negociaciones.
Rivera, en este sentido, exigía que en el pacto final se encontrase la obligación de exigir el importe íntegro de la amnistía fiscal a los defraudadores, para poder destinarlo a planes de educación, empleo, pobreza y otras materias.
Finalmente, en el punto seis de los 150 que Partido Popular y Ciudadanos han metido en el pacto alcanzado, pone, literalmente, que se comprometen a “realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria”.
Los asesores fiscales lo ven imposible
El asesor fiscal y experto tributario, Juan José Rubio, ha declarado a OKDIARIO que “si la regularización de la situación tributaria se realizó cumpliendo la normativa que en su momento se dictó, es imposible desde un punto de vista legal, poder exigir a los que se acogieron a la amnistía fiscal nuevas obligaciones”. En este sentido, Rubio señala que “ellos cumplieron en tiempo y forma con las obligaciones que se estipularon en ese momento y por tanto su situación es 100% legal”.
Por ello, “en cuanto ha habido una normativa que ha permitido regularizar la situación, es muy difícil retroceder la situación”, explica Rubio.
El PP ha aceptado la exigencia de Ciudadanos de recuperar los siete puntos impositivos de diferencia que se dejaron de ingresar en la amnistía fiscal de 2012. Cabe recordar que por aquel entonces se estableció un tipo del 10% aplicable al valor de los citados bienes. Sin embargo, a decisión de la Dirección General de Tributos, se permitió que ese 10% se aplicase sólo a la parte generada en los ejercicios que no habían prescrito, es decir, únicamente los cuatro anteriores, manteniendo la exención de intereses y recargos, y además dejando claro que no haría «comprobaciones aisladas” de lo que se había declarado.
Además, se esgrimió que en aquellos casos en los que se pudiese acreditar que el dinero que se había aflorado había permanecido oculto desde antes del año 2008, la multa se limitaría al 10% de los intereses que ese capital hubiese generado entre los años 2008 y 2010. Por ello, se ingresaron 1.191 millones de euros frente a los 2.500 millones esperados para ese ejercicio, y eso teniendo en cuenta que se afloraron bienes por más de 40.000 millones, en lugar de los 25.000 millones que preveía el Ministerio de Hacienda.
De este modo, los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal pagaron una media del 3%, y no el 10% que inicialmente había estipulado el Gobierno. El pasado martes, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cifró en 2.800 millones el dinero que la Agencia tributaria perdonó a los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal.
Hacienda lo ve difícil
Según fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por OKDIARIO, “lo que decía la norma era un tipo de gravamen del 10% de las rentas no prescritas”. En este sentido, esgrimen que se presupuestó una recaudación de 2.500M€, cuando realmente ingresamos un poco menos de la mitad (1.200M€). Según cálculos del ministerio, se estima un afloramiento de bases imponibles de 40.000M€. Con esta estimación de afloramiento, todo el mundo calculó un “tipo efectivo” del 3%. Pero, según explican desde la Cartera que dirige en funciones Cristóbal Montoro “el 3% de 40.000M€ es 1.200M€, que es lo que finalmente se recaudó”.
Entonces, ¿Por qué la diferencia entre el tipo del 10% de la norma que aprueba la regularización y el tipo efectivo del 3%? Pues, según las mismas fuentes, “porque parte de las rentas afloradas de 40.000M€ estaban prescritas, y no puede exigirse tributación a rentas que están prescritas”.
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