Las Administraciones sólo destinan a inversión pública cinco de cada 100 euros de gasto

La inversión pública sigue siendo la única partida de gasto que permanece estancada mientras continúa el deterioro de muchas infraestructuras, desde carreteras, trenes, puertos o incluso I+D, que son esenciales para el aumento del PIB y la modernización del país. Todos los gobiernos han reducido este gasto para encajar las cifras del déficit, o para compensar otras subidas en el ámbito social o el aumento de plantillas públicas, que otorgan más votos, o para solapar el eterno incremento de los intereses por el elevado nivel de la deuda. Pese a ser la única partida presupuestaria que podría ayudar a estimular y elevar el crecimiento económico y el empleo, se mantiene en niveles históricos bajos.

Según datos de la Intervención General de Estado y de la Contabilidad Nacional, la inversión pública del conjunto de las administraciones (Central, Autonómica, Local y Seguridad Social) se situó en 2018 en 26.000 millones de euros (8.457 en la Administración Central; 10.747 en la autonómica; 6.634 en los ayuntamientos; y 162 millones en la Seguridad Social). Lo que representa el 5,2% del gasto público total, el 2,2% del PIB y sólo el 10,1% de la cifra que la economía española en su conjunto destina a inversión.

Es decir, el sector público, que según la Constitución debe utilizar los presupuestos para crear las condiciones necesarias para general actividad y empleo, sólo destinó a la formación bruta de capital fijo cinco de cada 100 euros del récord de medio billón de euros de su gasto total (41,4% del PIB); dos de cada 100 euros del valor de la economía nacional; y 10 de cada 100 del gasto de capital total (más de 256.000 millones) que la economía (sector público y privado) realizó en este ejercicio. España está situada ahora en la cola de los países de la UE cuyas administraciones menos invierten en relación a su PIB y su capacidad económica. La media Europa llega al 2,8% del PIB.

Rescate de radiales o peajes

La cifra de 2018 ha crecido en términos corrientes en casi 3.000 millones (12,9%) respecto al año anterior. Pero no se trata de inversión nueva ya que, por ejemplo, casi 2.400 millones se han destinado a compensar la responsabilidad patrimonial del Estado en las autopistas de peaje quebradas (radiales de Madrid) o a las inversiones efectuadas por concesionarias de peaje en el balance también del Estado.

Además, se han computado otros 1.000 millones ya contabilizados en caja para programas de Defensa, así como otros 1.000 más de desembolsos extraordinarios de las comunidades autónomas por sentencias judiciales de pleitos perdidos. Esto quiere decir que, descontados estos conceptos, la inversión real en este año es bastante inferior y se situaría por debajo del 2% del PIB y del 5% del total de gastos de las administraciones públicas.

Se mantiene estancado el déficit de inversión pública en España, que se ha acrecentado en los años de crisis para reducir el déficit público. Por tanto, esta partida, que apenas genera gasto estructural, sigue siendo el colchón que utilizan todos los gobiernos, también autonómicos y locales, para realizar el encaje de sus cifras a costa de drenar crecimiento y empleo a la economía nacional y al sector privado.

Presupuesto no ejecutado

Es decir, presupuestan una cantidad, que nunca se cumple en la liquidación final. Por ejemplo, para 2018 el gasto previsto era de unos 27.000 millones y se ha cumplido en un 95%. En otros años, el grado de ejecución ha sido muy inferior. El peor ejercicio fue el de 2016, ya que la inversión se situó en poco más de 21.000 millones, un 1,9% del PIB y un 4,6% del gasto público total. El presupuesto inicial era más elevado, pero Rajoy tuvo que recortarlo para acometer el ajuste exigido por Bruselas y reconducir el déficit, y por la rebaja fiscal que introdujo, bajando los ingresos, ante la convocatoria de elecciones.

En todo caso, no hay que olvidar que el 60% del ajuste público en los años de recesión se ha realizado sobre esta partida. Así, esos 26.000 millones de 2018 suponen en términos corrientes la mitad de la inversión que se llevó a cabo en los años del inicio de la crisis, si bien, en algunos de ellos (2009 y 2010) el alza se debió al ‘Plan E’ de Zapatero en la construcción (más de 44.000 millones) para retrasar los efectos de la crisis.

En concreto, en 2007 se invirtieron 50.201 millones (4,6% del PIB, 12% del gasto público total y 15% de la inversión total de la economía nacional), probablemente sin ningún control ni diseño económico, y la cifra llegó al récord de 55.142 millones en 2009, año en que comenzó el ‘Plan E’.

La paralización de los Presupuestos Generales del Estado detendrá las nuevas licitaciones en 2019.

En porcentaje del PIB, ese 2,2% de inversión pública en 2018 es también la mitad de la practicada en esos años, pero también lo es respecto a 1995, último año del que se conocen datos de la serie estadística del INE con el actual plan contable del SEC 2010. Es decir, en 1995, los 19.898 millones invertidos suponían el 4,3% del PIB, así como el 20% del total del gasto público. Se trata de cifras muy alejadas de lo que sucede en la actualidad.

En términos constantes (computado el efecto de la inflación), los datos de ahora son todavía peores en comparación. Por ejemplo, esos casi 20.000 millones invertidos en 1995 equivaldrían a más de 32.000 millones de 2018. Por tanto, el desfase es importante y ahora se invierte menos, por todos los conceptos, que hace 23 años. Además, aunque no hay series homogéneas, la inversión pública sigue siendo la más baja desde 1970, desde que existen las primeras estadísticas oficiales. La inversión pública hace casi 50 años representaba el 3% del PIB y más de 14% del gasto total de las administraciones muy por encima de las cifras de 2018.

A pesar de su trascendencia para evitar una mayor desaceleración económica, la partida no variará sustancialmente en 2019 ya que el adelanto electoral y la paralización de los Presupuestos Generales del Estado detendrán las nuevas licitaciones. A ello se une la incertidumbre económica, política y presupuestaria ante las dificultades para reducir el déficit al 1,3% del PIB.