Asamblea de la Federación Española de Fútbol

Luis Rubiales tendrá un sueldo de 160.000 euros al año

Rubiales
Luis Rubiales, en la Asamblea de la Federación. (EFE)

La Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol aprobó por mayoría absoluta el sueldo de su presidente, Luis Rubiales, que ascenderá a 160.000 euros brutos y que será pagado de los ingresos propios del propio organismo.

Sin la presencia, por norma, del propio Rubiales en esta votación, los asambleístas dieron su visto bueno a este suelo de su nuevo presidente por 106 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. Eduardo Bandrés, tesorero de la RFEF, aclaró también que este sueldo estará sujeto a las variaciones del 0,6 por ciento por «ingresos de patrocinio» y que será «reducido proporcionalmente» si recibe otro tipo de emolumentos por tener un puesto en organismos internacionales como UEFA o FIFA.

Además, este sueldo que percibirá Rubiales «será pagado a través de los ingresos propios de la RFEF», apuntó el tesorero federativo que también confirmó que el mandatario dispondrá de una vivienda en Madrid y que, cuestionado por uno de los asambleístas, aclaró que el ex jugador no recibe «ninguna percepción salarial» actualmente de la UEFA o la FIFA y que ningún miembro de la Junta Directiva tiene un sueldo por ello «porque está prohibido por ley».

Por otro lado, la Asamblea General también procedió a aprobar las cuentas del ejercicio 2017 por 107 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones, y un presupuesto de más de 170 millones para 2018, «prudente» para Bandrés por estar «a mitad de ejercicio», por 112 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

El tesorero de la RFEF también se refirió a la existencia de dos auditorías, una externa que les ha indicado «una serie de salvedades a corregir en 2018» y otra del CSD con «dos tipos de salvedades relacionados con los resultados de explotación». Del mismo, advirtió de la intención de vender dos inmuebles de la Federación aunque han pedido información al CSD para saber si se compraron «con dinero público», lo que impediría su venta.

 

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