Letur construye el caso de la DANA sin atajos: toma declaración a todos antes de señalar a nadie
El juzgado de Hellín investiga la presunta responsabilidad de varias administraciones mientras en Catarroja se ha descartado desde el inicio a las agencias estatales
La DANA de octubre de 2024 no solo supuso una absoluta tragedia en la Comunidad Valenciana. En Letur, un pequeño municipio situado en la provincia de Albacete, en Castilla-La Mancha, dejó seis víctimas mortales. El caso de la DANA de Letur está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Hellín, tal como publicó OKDIARIO en mayo de 2025. Y, actualmente, sigue en fase de instrucción. El camino elegido por ese juzgado no tiene atajos, sino unas completas diligencias previas, con exhaustivas tomas de declaración y la remisión de oficios a varias entidades públicas. Mientras en los juzgados de Catarroja, en Valencia, la instrucción de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra suma dos investigados, se ha eximido a las agencias estatales y se ha construido un relato que no convence ni siquiera a parte de las víctimas, en los juzgados de Hellín se desarrolla un procedimiento pormenorizado, un trabajo silencioso, pero que no se detiene ante nada ni ante nadie.
La investigación judicial en torno a la DANA de Letur se inició tras la admisión a trámite de una querella criminal presentada por familiares de cuatro de los seis fallecidos en la riada que este 29 de octubre asoló el pequeño municipio de Letur. La querella fue presentada por representantes legales de las familias de cuatro fallecidos por un presunto delito de homicidio imprudente del que supuestamente pueden ser responsables distintas administraciones públicas que tenían competencias relacionadas con los hechos.
La sola admisión de la citada querella contra varias administraciones constituye ya una diferencia notable con respecto al caso de la DANA que se instruye en la Comunidad Valenciana por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que ha rechazado todas las querellas presentadas contra los organismos estatales. Y centra su investigación en la Generalitat Valenciana.
En el caso de Letur, a diferencia de la Comunidad Valenciana, la querella no va dirigida contra ningún cargo público, pero sí contra la responsabilidad que supuestamente pudieron tener en las consecuencias de la catástrofe varias administraciones.
Según ha podido conocer OKDIARIO de fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha pasan por la remisión de oficios de varias entidades públicas, solicitando la información relacionada con lo sucedido que se recogía en la querella. Y, entre ellas, al Ministerio del Interior, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y al propio Ayuntamiento de Letur. Todos estos informes solicitados fueron llegando al juzgado a lo largo del pasado año, 2025.
Pero, si algo destaca, es la exhaustiva toma de declaración a testigos. En concreto, según las fuentes citadas, vecinos y familiares de las víctimas, cargos del Ayuntamiento de Letur y, en concreto, el alcalde y el teniente de alcalde; el jefe de Climatología de la AEMET en Castilla-La Mancha; el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete; el presidente de la Diputación Provincial de Albacete; el jefe del servicio de Protección Civil de la Dirección General de Protección Ciudadana; la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y dos peritos judiciales. Pero, además de todo ello, a nivel procesal, recientemente, se ha admitido la personación del partido político Vox en la causa.
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