La juez de las VPP de Alicante envía a la Policía Nacional al Ayuntamiento para requerir documentación
Ultimátum de la juez al jefe de los servicios jurídicos municipales: o entrega los papeles en 5 días o incurrirá en desobediencia
La instructora del caso del escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) de Alicante, María Amparo Rubio, ha dictado una providencia en la que ordena remitir un oficio a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional para que se persone en las dependencias de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante, identifique a su responsable y le requiera para que en el plazo «improrrogable» de cinco días aporte los documentos que le fueron solicitados en su día «bajo apercibimiento de que en caso de nuevo incumplimiento el responsable de tales servicios jurídicos incurriría en un delito de desobediencia previsto en el artículo 556 del Código Penal». La documentación fue solicitada por la magistrada a través de sendos requerimientos este mismo mes de mayo. Pero, el plazo establecido por la juez se ha cumplido. Y los documentos no han llegado al juzgado.
El escándalo de las VPP de Alicante estalló tras destaparse que la entonces concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos hijos de la también entonces directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, María Pérez-Hickman, no solo habían adquirido, sino que además escrituraron, un total de tres viviendas de promoción pública en Les Naus.
A esos casos han seguido otros sobre adjudicatarios de esa misma urbanización. Uno de ellos, el de una arquitecta municipal, cuyo marido, un funcionario aupado por Compromís bajo el Gobierno del socialista Ximo Puig, validó la documentación presentada por su propia mujer para acceder a una vivienda en Les Naus, o el hecho de que aparezca como adjudicataria quien fuera una de las delegadas territoriales de la Consellería que lideraba el hoy ministro de Hacienda, Arcadi España.
En otra providencia, igualmente dictada por la instructora, se solicita al gerente de la cooperativa de viviendas Les Naus, las VPP cuyas adjudicaciones se investigan, Francisco Ordiñana, uno de los 15 investigados en la causa, diversa documentación y cita a los responsables de las mercantiles que optaron a la parcela en que se edificó la urbanización Les Naus. Así como a los de otra empresa que recurrió el procedimiento.
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