Comunidad Valenciana
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Una juez de Valencia confirma la multa de 30.000 € del Ayuntamiento a una empresa de pisos turísticos

La sanción se produce porque 3 pisos operaban sin licencia municipal, por lo que la multa fue de 10.000 € por cada piso

La sentencia manifiesta que la multa es ajustada a derecho y que debe ser confirmada por la autoridad judicial

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia, Plaza Número 1, ha desestimado íntegramente el recurso planteado por una empresa contra la sanción de 30.000 euros impuesta por el Ayuntamiento a una empresa por la explotación de tres apartamentos turísticos que operaban sin licencia municipal. En el fallo de sentencia, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la magistrada declara que el acto administrativo «es ajustado a derecho y debe ser confirmado».

Se trata de la segunda sentencia dictada hasta la fecha a raíz de recursos planteados por empresas sancionadas por la explotación ilegal de viviendas de uso turístico. La primera fue en marzo de este mismo año 2026.

En agosto de 2023, la entonces nueva alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, movilizó a la inspección para acabar con los 4.000 apartamentos turísticos irregulares que existían en la ciudad. María José Catalá denunció también que en el primer trimestre de 2023, el anterior equipo de gobierno, conformado por Compromís y PSOE, se había limitado a cerrar poco más de 20 alojamientos. En concreto, 24.

Tres años después, el 31 de marzo de este 2026, tal como entonces publicó OKDIARIO, la primera ciudad de España en poner tope y ordenar sus plazas turísticas. Una iniciativa que salió adelante con el respaldo de los dos partidos que conforman el gobierno local: PP y Vox. Y que, de facto, pone freno al descontrol y la barra libre para los apartamentos turísticos implantados en la legislatura anterior, en la que gobernaban Compromís y PSOE. Ya entonces quedó claro que, con esta nueva norma, el 98% de las viviendas serán de uso residencial, tal como destacó entonces la alcaldesa, la popular María José Catalá.

Desde marzo de 2025, cuando la Generalitat Valenciana delegó en el Ayuntamiento de Valencia la competencia sancionadora sobre las viviendas de utilidad turística tipificadas en la ley 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana, el importe liquidado en multas por el Consistorio supera los 1,5 millones de euros.

La sentencia que ahora se ha conocido confirma el criterio que mantiene el Ayuntamiento de Valencia desde que asumió la competencia sancionadora en esta materia. El Consistorio considera que la vivienda turística no es residencial, sino que su uso es exclusivamente terciario-hotelero, por lo que su ocupación exige, a su vez, contar con el certificado municipal de compatibilidad urbanística y no solo con la inscripción en el registro autonómico de turismo. Sin ese título habilitante, la actividad turística es considerada ilegal, tal como establece la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El fallo rechaza además todos los argumentos planteados por el recurrente. Descarta que la resolución municipal estuviera mal motivada; que la notificación fuera irregular, que la infracción hubiera prescrito o que el Ayuntamiento careciera de competencia sancionadora.

Tampoco acepta el tribunal que la sanción sea desproporcionada, cuestión que constituía la parte central del alegato del recurrente. Tal y como refleja la sentencia, el Ayuntamiento de Valencia aplicó la cuantía mínima prevista por la ley para las infracciones graves. En concreto, 10.000 euros por cada uno de los tres apartamentos explotados. En total, 30.000 euros.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, Juan Giner, ha destacado como lo más relevante de la sentencia el respaldo judicial al criterio municipal frente a la actividad turística ilegal: «Cada sentencia firme confirma que el criterio es el correcto y es un aviso a quien crea que puede operar al margen de las normas, sin consecuencias», ha expresado el edil.