Un diputado denuncia a Puig y Oltra por convertir la dimisión de ella en una falsa destitución

El diputado no adscrito de Las Cortes Valencianas Vicente Fernández ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, y a la ex vicepresidenta primera del Gobierno autonómico Mónica Oltra por posibles delitos de prevaricación y malversación, debido a que la ex número dos del Ejecutivo valenciano está cobrando el paro pese a que dimitió. Es decir, nadie la despidió y se fue voluntariamente de la política autonómica.

Se da la circunstancia de que el citado TSJCV, ante el que ahora el diputado Vicente Fernández ha acudido para denunciar a Ximo Puig y Mónica Oltra,  es el mismo que imputó a Mónica Oltra por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito en el caso que ahora investiga el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia para esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por quien entonces era marido de la propia Oltra. La ex vicepresidenta fue imputada el día 16 de junio de este año. Y 5 días después, el 21 de junio, anunció su dimisión en una multitudinaria rueda de prensa.

La denuncia contra Puig y Oltra fue presentada este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, porque es el órgano judicial al que corresponde debido a la condición de aforado de Ximo Puig y se fundamental en las declaraciones de Oltra en el programa Salvados de La Sexta, donde Mónica Oltra afirmó que estaba cobrando 1.300 euros por desempleo.

Las declaraciones de Oltra

El citado programa fue emitido la noche del pasado domingo. Durante la entrevista, el presentador, preguntó a Oltra: «¿De qué vive ahora?», a lo que ella respondió: «Bueno, de la prestación por desempleo. Menos mal que tenemos un estado de bienestar, entre comillas. Falta mucho por construirlo, pero sí que a esos niveles vivimos en un país donde cuando te quedas sin trabajo tienes derecho a una prestación. Y eso, está muy bien».

Gonzo insistió en el tema: «¿Le puedo preguntar cuál es ese subsidio de desempleo para una ex vicepresidenta  de la Generalitat?». a lo que Oltra respondió: «Bueno, pues es el que establece para todo el mundo, ¿no?: 1.300 € porque tengo 2 hijos, y es eso…, mil trescientos veintialgo, creo que son».

La denuncia

Vicente Fernández, abogado y actualmente diputado no adscrito tras haber dejado Ciudadanos, ha indicado a Efe que los altos cargos tienen derecho al paro, como cualquier ciudadano, pero si cumplen los requisitos que exige la ley de la Seguridad Social y la normativa que regula la prestación por desempleo específica.

Ha añadido que la legislación excluye de esa prestación a quien abandone voluntariamente el puesto de trabajo, como en su opinión en el caso de Oltra, y ha alertado además de que su cese «posiblemente haya comportado el cobro de una indemnización de tres meses de sueldo íntegro, a la que por su dimisión tampoco tendría derecho».

La supuesta implicación de Ximo Puig

Según expone Vicente Fernández en la denuncia, pese a la dimisión voluntaria de Oltra, el presidente valenciano el socialista Ximo Puig «de forma no solo irregular» sino «absolutamente contraria a derecho y a sabiendas de ello, muy posiblemente con la intención de beneficiar» a la ex vicepresidenta para la obtención de prestación por desempleo, firmó un decreto de destitución, «en lugar de aceptar su dimisión».

Las posibles consecuencias

La consecuencia jurídica de hacerlo de esta forma, señala la denuncia, es que Oltra ha obtenido una prestación por desempleo «a la que legalmente no tendría derecho por dimisión voluntaria», utilizando una vía legal «equivalente a extinguir su relación como alto cargo por decisión del presidente de la Generalitat».

Para el denunciante, estos hechos constituyen, «además de una intolerable desviación de poder», un posible delito de malversación de caudales públicos y uno de prevaricación, por lo que deben ser investigados para su comprobación y averiguación de los responsables. «Es una vergüenza que desde el Consell (Gobierno valenciano) los políticos se protejan siempre y se apañen asuntos para cobrar lo que a cualquier ciudadano de a pie se les negaría; nadie está por encima de la ley», ha manifestado el diputado.