El PSOE vota con los separatistas la ley de la Generalitat que burla la sentencia sobre el castellano

Continúa la burla de los independentistas a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Generalitat a regular al menos un 25% de las horas lectivas en enseñanza no universitaria en castellano. Pero ahora la agravante es que lo ha hecho con ayuda de los socialistas. Hoy, el Parlament ha aprobado con los votos del PSC la ley ad hoc que ha presentado a toda prisa el Gobierno de Pere Aragonés que se salta directamente el fallo del Alto Tribunal.

El pleno del Parlament ha aprobado la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria con el apoyo de PSC-Units, ERC, Junts y comuns y el rechazo de Vox, Cs, PP -que habían presentado enmiendas a la totalidad- y CUP, después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) avalara que no vulnera la Constitución ni el Estatut.

La proposición de ley, que se ha debatido este miércoles al inicio del pleno, recoge que el catalán es la lengua normalmente empleada como vehicular, y fija el castellano como lengua curricular que se utilizará en los términos establecidos en los proyectos lingüísticos de los centros, sin fijar porcentajes.

La iniciativa se ha aprobado una vez superado el plazo que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que la Conselleria de Educación ejecutara la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

Sánchez no toma medidas

Los socialistas, además, han rechazado la proposición no de ley que los populares llevaron ayer martes al Pleno para responder a la Generalitat separatista. Y es que hasta el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado tomar medidas para obligar al Govern independentista a acatar la orden de la Justicia.

Los grupos parlamentarios de PSC-Units, ERC, Junts y comuns estuvieron semanas negociando con la intención de aprobar una ley antes de que terminara el plazo TSJC dio para ejecutar la sentencia, un pacto que finalmente alcanzaron en el último momento.

Sin embargo, el plazo terminó el 31 de mayo sin que se aprobara la ley, ya que Vox, Cs y PP la llevaron al CGE -el Govern sí aprobó en paralelo un decreto que descarta porcentajes-, después de que socialistas, republicanos, Junts y comuns alcanzaran este acuerdo la semana anterior.

Los cuatro grupos impulsores de la propuesta la acordaron tras reabrir negociaciones después de que Junts se descolgara en marzo de un acuerdo inicial para modificar la Ley de Política Lingüística, que los de Laura Borràs descartaron horas después del anuncio al considerar que había generado rechazo en comunidad educativa y entidades.

«El último engaño»

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha considerado que la proposición de ley es «el último engaño de una crónica de engaños y deslealtades tejidas por el nacionalismo en cooperación con el socialismo y la izquierda que representa Podemos», y además de asegurar que su contenido pretende excluir el castellano de las aulas y burlar las órdenes de los tribunales, ha explicado que han presentado una iniciativa alternativa para revertir esta situación.

Desde Vox, el diputado Joan Garriga ha reiterado que llevarán la proposición de ley al Tribunal Constitucional (TC) por no reconocer el castellano como lengua vehicular y que presentarán una querella por presunta desobediencia por «incumplir» la sentencia del TSJC, y ha acusado al Govern de usar la inmersión como un objetivo político.