Un informe pagado por el Govern acusa a policías y guardias civiles de imponer el español «por cojones»

«Habla en castellano, cojones, que estamos en España». Esta frase, ilustrada con la silueta de un guardia civil con tricornio, encabeza el nuevo informe de la Plataforma per la Llengua, la subvencionada entidad que ofrece a diario argumentos a la Generalitat de Cataluña para justificar sus políticas de inmersión lingüística. En esta ocasión pone en la diana a la Policía Nacional y la Guardia Civil, a quienes acusa de protagonizar el 61,3% de los casos de denuncias de discriminación del catalán perpetrados, en su opinión, por la administración del Estado.

La autodenominada ONG del catalán, que saltó a los titulares de los medios por su espionaje en los patios de los colegios para conocer en qué idioma hablaban los niños durante el recreo, marcó a las familias que exigen el 25% de las clases en español, a los profesores de Universidad que ofrecen sus clases en castellano y, ahora, a los policías y guardias civiles, «cuerpos armados con presunción de veracidad y con una capacidad elevada de intimidar a los ciudadanos», dice el informe.

La Plataforma per la Llengua acusa a la Policía y la Guardia Civil de naturalizar «el supremacismo lingüístico castellano». Así, por ejemplo, cita el supuesto caso en el que, durante el confinamiento por la pandemia, un hombre fue retenido en Manresa durante 45 minutos por la Guardia Civil por hablarles en catalán. «Habla en castellano, cojones, que estamos en España», asegura el denunciante que le dijeron los guardias.

Como la actividad de la Plataforma per la Llengua se extiende por toda esa ficción histórica y política que son los ‘Països Catalans’, el informe también relata el supuesto momento en el que un hombre fue expulsado del Centro de Salud de Vinarós por la Guardia Civil tras pretender poner una reclamación contra el médico que se había negado a atenderle en catalán.

Según la entidad, de los 52 casos registrados de supuesta discriminación lingüística en 2020, ninguno denunciado ante la Justicia ordinaria, el 59,6% de los casos habrían sido provocados por trabajadores de la administración del Estado. La palma se la llevarían los cuerpos y fuerzas de seguridad: la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía habrían provocado 19 discriminaciones, el 61,3% de las estatales y el 36,5% del total. Si se les añaden las policías autonómicas y locales, los casos policiales habrían sido 25, el 48,1% del total, casi la mitad.

Subvenciones millonarias

Dos millones de euros. A dedo. Sin necesidad de concurrencia competitiva. Es la cantidad que el Govern catalán ha entregado desde 2019 a la asociación civil del movimiento independentista que tiene como objetivo la imposición del catalán en todos los órdenes de la vida, no sólo en Cataluña, sino también en Baleares y la Comunidad Valenciana.

Bajo el pretexto de “garantizar el conocimiento y el uso social de la lengua catalana”, la Plataforma ha recibido 640.000 euros en cada uno de los ejercicios desde 2019, según el plan trienal de subvenciones de la Generalitat aprobado bajo el mandato de Quim Torra. Con la particularidad de que, desde de 2020, la adjudicación de ese dinero público pasó a ser nominativa. Esto es, como el propio documento explica, “sin que sea necesario establecer la comparación entre solicitudes” y cuya concesión procede “por la mera concurrencia de una determinada una situación”.