Una ex consejera de Cataluña de ERC se sentará en el banquillo por discriminar a guardias civiles y policías nacionales

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado que la que fue consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés (ERC), y otros cuatro altos cargos del Departamento de Salud serán juzgados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra las normas de prevención de riesgos laborales.

Tal como ha podido saber OKDIARIO, el tribunal ha rechazado el recurso de apelación presentado por sus defensas contra el auto que acordó la apertura de juicio oral en procedimiento abreviado. Considera que existen indicios suficientes de criminalidad en la decisión de paralizar la vacunación contra la COVID-19 de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados en Cataluña durante la primavera de 2021.

El auto de la Sección Octava de la Audiencia, fechado el 5 de febrero de 2026 y con la magistrada María Mercedes Armas Galve como ponente, concluye que la suspensión del programa de vacunación de los cuerpos policiales nacionales constituyó, de forma indiciaria, «una decisión tomada al margen de la legalidad, en un ejercicio de aparente arbitrariedad que habría conducido a una desigualdad o discriminación palmaria entre diferentes cuerpos de las Fuerzas del Estado».

Los hechos investigados arrancan en febrero de 2021, cuando la Generalitat comenzó a vacunar a los Mossos de Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona y las policías locales catalanas, pero no a los agentes de los cuerpos nacionales. Estos últimos, pese a estar incluidos en el grupo prioritario 6 del Plan de Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad —aprobado el 2 de diciembre de 2020 y actualizado el 9 de febrero de 2021—, apenas recibieron asistencia vacunal.

La disparidad en los datos resulta demoledora. Según el informe del propio Departamento de Salud, el 24 de marzo de 2021 había sido vacunado el 77% de los Mossos y entre el 68,9% y el 77,9% de los efectivos de policías locales y la Guardia Urbana. Frente a ello, sólo el 3,6% de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y el 2,8% de los guardias civiles habían recibido la vacuna en esa misma fecha.

Ese mismo 24 de marzo, la Sanidad catalan comunicó, sin previo aviso y sin justificación conocida, la cancelación de las vacunaciones programadas para los días 25, 26 y 29 de ese mes.

Según el informe del Ministerio del Interior, los coordinadores de la vacunación de ambos cuerpos recibieron la notificación «vía WhatsApp y vía telefónica» y tuvieron que «desprogramar la vacunación prevista para los días siguientes, sin preaviso y sin saber los motivos».

La Delegada del Gobierno en Cataluña reaccionó ese mismo día enviando un correo a la consejera de Salud de ERC para solicitar «explicaciones e instrucciones para retomar la vacunación». En los días siguientes, y ante la falta de respuesta, la situación se prolongó en un clima de desconcierto que la propia Delegada describió en carta a la entonces ministra de Sanidad: la cancelación «generó una enorme perplejidad y sorpresa».

No fue hasta el 27 de abril de 2021 cuando la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó un auto de medidas cautelares que ordenó a la Generalitat garantizar, en el plazo de 10  días, la vacunación de guardias civiles y policías nacionales en igualdad de condiciones con el resto de cuerpos.

El resultado fue elocuente: entre el 3 y el 5 de mayo, es decir, en apenas dos días, se vacunó a más de 4.800 efectivos. Lo que durante semanas no había avanzado se resolvió de manera fulminante bajo mandato judicial.

La resolución de la Audiencia subraya este contraste con especial agudeza para reforzar la tesis de que el retraso no obedeció a dificultades logísticas, sino a una decisión deliberada.

Procesamiento de la ex consejera

El papel de la ex consejera Vergés ha sido uno de los puntos más debatidos. Su defensa alegó que se limitaba a seguir las instrucciones de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial.

Sin embargo, la Audiencia recoge como indicio especialmente revelador un mensaje de WhatsApp en el que una miembro de su gabinete comunicaba a otra funcionaria que la consejera pedía «parar Guardia Civil y Policía Nacional», añadiendo: «No podemos argumentarlo, debería pararlo».

El tribunal considera que de estas conversaciones «no sólo pudiera desprenderse que Vergés conocía lo que estaba ocurriendo, sino que participaba de esa decisión».

La causa, abierta tras la denuncia presentada el 12 de abril de 2021 por los sindicatos policiales JUCIL y JUPOL, ha concluido su fase de instrucción en el Juzgado número 17 de Barcelona y ha involucrado a cinco investigados: además de la ex consejera, el secretario general del Departamento; el secretario de Salud Pública; el director del Servicio Catalán de Salud; y el director de Servicios del Departamento. Sólo los tres primeros han recurrido el auto de apertura de juicio oral. Los cinco se enfrentan ahora a la fase de acusación.

La pandemia dejó muchas heridas abiertas. Algunas cicatrizaron. Esta, al parecer, terminará en los juzgados.