Los abogados del Govern buscan fórmulas para suspender el 14-F si no están todas las mesas

• Joan Guirado @joanguirado
• Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.
• • 08/02/2021 16:05
  • Actualizado: 08/02/2021 16:44

El aluvión de recursos presentados por parte de ciudadanos a los que les ha tocado formar parte de las mesas electorales el 14-F en Cataluña ha encendido todas las alarmas. A menos de una semana para la celebración de los comicios, la Generalitat, como entidad organizadora, y la Junta Electoral, encargada de velar por el correcto desarrollo de la jornada, siguen enfrascadas en una bronca sobre como resolver la multitud de bajas que se prevén el próximo domingo. El Govern dice que la solución la tiene que aportar la Junta Electoral, que tiene, a día de hoy, más de 20.000 expedientes sin resolver ni contestar. Por si acaso, los servicios jurídicos de la Generalitat estudian fórmulas sobre cómo suspender las elecciones si es imposible constituir todas las mesas.

Tanto el gobierno autonómico como la Junta Electoral admiten que, a la hora de abrir los colegios, se pueden encontrar con que más de la mitad de las personas elegidas en el sorteo no se presenten en su puesto. Y eso es un problema grave, sobre todo de logística. La Junta Electoral se ha propuesto estudiar los recursos uno por uno con la ayuda de médicos forenses, para evaluar las excusas individualmente y está dispuesta a mover de mesa a aquellas personas suplentes que sí se presenten pero cuyos destinos ya estén cubiertos. Hacer eso, aseguran, alteraría inevitablemente la hora de apertura de los colegios electorales y podría afectar también el derecho de participación de esas personas, ya que deberían estar todo el 14-F en otro lugar distinto al que tienen asignado como punto de votación.

No publicar los resultados

Paralelamente a la búsqueda de fórmulas para suspender las elecciones cuando ya estén en marcha, algo que según las fuentes del Govern que lo estudian parece difícil de hacer, a no ser que se produzcan altercados de orden público que lo justifiquen, el Ejecutivo de Pere Aragonès sí se plantea no hacer públicos los resultados la misma noche de las elecciones. Sería su fórmula de dar respuesta a los posibles incidentes que hayan dificultado la correcta celebración de la jornada.

La administración regional catalana ha defendido siempre la idoneidad de aplazar estas elecciones, hasta el 30 de mayo, argumentando que la situación sanitaria provocada por la pandemia obstaculizaba la jornada. Los partidos separatistas  hablan casi a diario de la «legitimidad» de estas elecciones, como preparación del terreno para una repetición electoral, que se podría ver comprometida por al no poder constituir todas las mesas de forma normal y también con la baja participación que se prevé.

Recursos revocados

Hasta la Junta Electoral, en los siete días posteriores a la recepción de la notificación, le han llegado más de 21.000 recursos de ciudadanos que rechazan formar parte de las mesas electorales el próximo 14-F. De estos más de 20.000 siguen en el cajón y, en consecuencia, todavía no se han respondido. Deberían tener una respuesta antes del domingo si no quieren que los recurrentes aleguen silencio administrativo para justificar su no asistencia a la mesa.

De los que sí se han ido resolviendo, ya, en la mayoría de casos ha sido para revocar el recurso. Así pues, según ha podido saber OKDIARIO, pese a contar con el asesoramiento de médicos especializados en la valoración del daño y las capacidades físicas de una persona, la Junta Electoral ha rechazado que personas de extrema vulnerabilidad, por padecer enfermedades importantes, puedan quedarse en su casa ese día. La JEC les obliga a acudir y a formar parte de su mesa.

Respuesta a los infractores

Los miles de personas que ya se prevé no acudirán a su puesto el domingo provocará que aumenten de forma considerable las denuncias impuestas por un delito electoral, algo poco habitual, y que generalmente sucede por esta causa. Este tipo de expedientes, normalmente, se resuelve con una multa administrativa que el ciudadano que ha desobedecido acepta abonar, por una cantidad de alrededor de 600 euros. Sin embargo hay casos que han acabado en el juzgado, la mayoría resueltos también por conformidad con la Fiscalía, pero con la inclusión de antecedentes en su archivo.

Generalmente, según fuentes de la Junta Electoral, las multas que se imponen por no acudir a la mesa son a ciudadanos que directamente ni recurren la decisión ni se presentan en el colegio. En este caso, al verse rechazados tantos recursos, los electores que aún así decidan no ir estarían incumpliendo dos requerimientos. Eso, apuntan, a la hora de resolver estos casos puede complicar más las cosas, ya que se presumiría mala fe por parte del denunciado.