Los promotores critican que la «soberbia» de Armengol por proteger un terreno costará 96 millones

La Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares ha criticado que la «soberbia» de la ex presidenta socialista del Govern, Francina Armengol, por proteger un terreno, en concreto la finca Muleta II del Puerto de Sóller en Mallorca, vaya a costar a los ciudadanos de las Islas 96 millones de euros, tal y como recoge la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tras rechazar el recurso de casación de la administración balear.

El presidente de la asociación Luís Martín, ha considerado en rueda de prensa que «por ley debería haber implicaciones patrimoniales para quienes tomaron esa decisión». «Ser políticamente ecologista sale barato, ser ciudadano es muy caro. Tocaremos a unos 100 euros», ha asegurado.

Asimismo, Martín ha recordado que la administración esperó a que se urbanizara para desclasificar y se podría haber negociado para que el coste de la administración fuera menor.

La sentencia condena a la administración autonómica a indemnizar al empresario y promotor inmobiliario Matthias Kühn con 96 millones de euros (63,5 millones, más los intereses devengados desde mayo de 2009) que adquirió en 1999 un terreno urbano para construir viviendas de lujo.

El Govern socialista de Francesc Antich impidió diez años después su construcción con una ley de protección de espacios naturales y si bien los tribunales en 2013 le dieron la razón al marido de la vedette Norma Duval, otra ley autonómica, en esta ocasión de la actual presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, volvió a proteger esta urbanización que continuará así, pero a cambio de una indemnización millonaria al empresario Matthias Kühn.

«Los que tomaron la decisión no asumirán el coste», ha lamentado Martín, que en otro orden de cosas ha advertido este viernes de que la mayoría de ayuntamientos de Baleares no están dispuestos a aplicar el decreto de vivienda del Govern de Marga Prohens «por falta voluntad» y para «evitar conflictos» dentro de los propios municipios.

El vicepresidente de la asociación, Óscar Carreras, ha lamentado que los consistorios «hayan ido a lo fácil» y estén desaprovechando la oportunidad que se les brinda desde el Ejecutivo autonómico para facilitar vivienda. «Siempre se acusa a los promotores de especular y ha llegado la hora de dar la vuelta al argumento», ha afirmado.

Los promotores celebraron este jueves su asamblea general en la que trasladaron que sólo Palma, Inca, Andratx y Calvià (Mallorca), Santa Eulària (Ibiza) y Ferreries y Sant Lluís (Menorca) hayan mostrado disposición de aplicar la propuesta del Ejecutivo autonómico.

«Hay pocas excusas», ha insistido Carreras, cuando se está dando la oportunidad de impulsar tramitaciones por la vía de urgencia. Para el presidente de los promotores, Luís Martín, es «lamentable» que los consistorios «desprecien» el texto. «Les dan una oportunidad y ayuntamientos de todos los colores lo están rechazando», ha alertado.

El presidente de la asociación ha enmarcado el decreto de emergencia habitacional, que permite aliviar la falta de vivienda sin consumir territorio ni recursos extra, en las buenas medidas que a su juicio está impulsando el Govern «para desbloquear el maligno mercado de la vivienda».

Por este motivo, ha lamentado que sólo ayuntamientos como el de Palma estén trabajando expresamente en la norma para poner vivienda asequible en el mercado.

Aunque ha admitido que el texto es técnicamente mejorable, Martín ha expresado su confianza en que a lo largo de la tramitación parlamentaria pueda mejorar y pueda dar resultados a corto plazo.

El representante de los promotores ha celebrado otras medidas impulsadas por el Ejecutivo de Prohens, con quien las reuniones son constantes y con quien ha resaltado la sintonía, como el decreto de simplificación administrativa y el impulso a una nueva ley de urbanismo.

Martín, sin embargo, ha señalado como una cuestión pendiente y que de verdad dará un impulso a paliar la falta de vivienda, la necesaria agilización de los urbanizables. «El decreto de emergencia habitacional no deja de ser un parche, la solución a la vivienda es que en municipios como Palma, con urbanizables con más de 20 años en tramitación, esta cuestión se agilice», ha afirmado. En la capital, hay en urbanizables una bolsa de unas 13.000 viviendas.