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Prohens también exige título de catalán a los cocineros

Tendrán que acreditarlo para trabajar en el campamento público de La Victoria

Puntúa lo mismo el grado superior en cocina que el catalán

El título mayor en esta lengua vale 5 veces más que en cualquier otra

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Si hace quince días era a los jardineros, ahora es a los cocineros, a los que el Govern en minoría de Marga Prohens exige el catalán si quieren acceder a un empleo público. Un requisito que en Baleares impuso durante ocho años el anterior Ejecutivo de la socialista Francina Armengol, que el PP prometió eliminar , pero que Prohens mantiene un año después de acceder al cargo.

En este caso, afecta a todos los que quieran trabajar entre los fogones del albergue y campamento público de La Victoria, propiedad del Ayuntamiento de Alcudia y gestionado por el Instituto Balear de la Juventud de la Comunidad Autónoma, que ha hecho pública una convocatoria para contratar a un cocinero para la elaboración de menús, meriendas y picnics, durante un máximo de siete meses.

Además de estar en posesión del título de técnico medio correspondiente a ciclos formativos de grado medio en cocina o formación laboral equivalente, a los que quieran optar a la plaza se les exige como requisito, certificado de conocimientos en lengua catalana B1, un escalón por encima del nivel básico, A2.

Se da además la circunstancia de que entre los méritos a valorar, puntúa lo mismo (0,50 puntos) disponer de un título de ciclo formativo de grado superior en cocina que la titulación en catalán C1, como si el mayor dominio de esta lengua en un nivel superior, garantizará la elaboración de un menú más nutritivo.

Y por si fuera poco, ser bilingüe español -catalán (título C2) tiene una gratificación de un punto: cinco veces más que serlo y acreditarlo en cualquier otra lengua oficial de la Unión Europea que, en este caso, se premia con 0,20.

Toda una declaración de intenciones del Instituto Balear de la Juventud del Govern de Marga Prohens que, un año después de desalojar a Armengol del Consolat de Mar, mantiene como la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, la obligatoriedad de tener certificado oficial de catalán hablado y escrito para acceder a cualquier oferta de empleo público, aunque sea como en este caso, de carácter temporal.

Y ello pese a que esta oferta laboral no es precisamente atractiva, si tenemos en cuenta la ubicación de este campamento público en una zona montañosa de la población de Alcudia, con un horario laboral de turnos rotativos de 8 a 15 horas o de 15 a 22 horas, y un sueldo anual bruto de 13.393 euros.

Pero más allá del sueldo y del horario laboral está el incumplimiento flagrante en materia lingüística del acuerdo programático firmado con Vox que le dio el pasado verano al PP un gobierno autonómico en minoría, pero en solitario.

Un pacto donde recoge el compromiso expreso del Ejecutivo de «modificar las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la Comunidad existen dos lenguas oficiales», y llevar a cabo para ello «el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la Función Pública».

Pero el catalán continúa penalizando en Baleares, a los que quieren optar a un empleo público, excepto a los médicos y todo el personal sanitario para los que tras las pasadas elecciones autonómicas, dejó de ser requisito.

El Govern de Prohens no parece dispuesto a ampliar la batalla a favor de la cooficialidad de ambas lenguas, al resto de plazas y puestos de la Administración.

Y ello a pesar de que su socio programático de Vox el pasado mes de enero, le instó a buscar «una fórmula que pueda encajar bien» para eliminar el requisito de catalán para acceder al empleo público, dado que su supresión forma parte del acuerdo de investidura firmado entre las dos formaciones hace ya un año.

Una fórmula de la que se ha dejado ya de hablar y que sólo pasaría por un cambio legislativo en el acceso a la Función Pública para lo que ambas formaciones tienen una amplia mayoría parlamentaria en Baleares con 34 de 59 diputados.