Un juzgado avala el desalojo de los 80 okupas de la antigua prisión de Palma que se ejecutará este mes

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 02/06/2026 13:03
  • Actualizado: 02/06/2026 13:30

Un juzgado de Palma ha autorizado la entrada y desalojo forzoso de las últimas 80 personas que residen en la antigua prisión de la ciudad, que, previsiblemente, se ejecutará este mes de junio.

Así lo ha informado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta del auto judicial dictado el pasado viernes, después de que el Ayuntamiento solicitara este desalojo para recuperar la posesión del inmueble que llegó a estar habitado por más de 200 okupas en su mayor parte magrebíes. 

A partir de esta resolución, este jueves se convocará una Junta Local de Seguridad Extraordinaria para planificar, coordinar y establecer una fecha para el desalojo.

El Ayuntamiento de Palma había notificado presencialmente a los okupas y, además, se publicó en el BOE la notificación correspondiente a otras personas incluidas en el expediente que no pudieron ser localizadas tras dos intentos de notificación presencial.

Todas ellas disponían de cinco días hábiles para abandonar voluntariamente la antigua prisión, periodo que finalizó el pasado jueves día 21 de mayo.

La antigua prisión se había convertido en un epicentro de delincuencia: peleas entre okupas, incendios, robos y consumo de drogas son parte del día a día e incendios intencionados.

En la parte trasera del recinto, colindante con el parque de Cas Capiscol, se pueden encontrar coches abandonados y desguazados, evidencias del caos imperante ampliamente denunciado por los vecinos de la zona.

Dentro del recinto, las reformas improvisadas son visibles: suelos embaldosados, puertas metálicas, paredes pintadas y focos alimentados por placas solares. Sin embargo, el acceso a agua potable es imposible desde el interior, obligando a los ocupantes a recurrir a fuentes públicas cercanas.

La vieja prisión se había transformado en un hotel que mezcla marginalidad y emergencia habitacional, donde residentes e incluso algún turista convivían en condiciones indignas.

El primer edil ha puesto en valor que la resolución del juez se dictó el mismo día que hizo la solicitud, en concreto, cuatro horas más tarde, y que, a su entender, «da la razón en todos y cada uno de los puntos del expediente».

Riesgo real para la vida

Además, ha señalado que la resolución destaca que los informes sociales acreditan que no se ha identificado en la antigua cárcel a ningún menor y tampoco a víctimas de violencia de genero.

El auto señala la necesidad del desalojo, teniendo en cuenta el «mal estado de salubridad» en el que se encuentran los residentes, tal y como se desprende de informes de la Policía Local, del Servicio contra Incendios y Salvamento y autoridades sanitarias.

Estos informes, continúa la resolución judicial, ponen de manifiesto la existencia de un «riesgo real, grave y actual» para la vida e integridad física de las personas que residen en el inmueble, una estructura que «dificulta» la evacuación y un «alto riesgo» de incendio.

El auto judicial también subraya que el Ayuntamiento ha informado, valorado y ofrecido a los residentes el acceso a los distintos recursos de los servicios sociales y que la medida de desalojo forzoso es «necesaria, adecuada y proporcionada».

Por otro lado, el alcalde ha destacado que los servicios sociales municipales seguirán informando y a disposición de las personas que no han abandonado el inmueble de forma voluntaria.