Los jueces amplían su denuncia ante la UE por el cartel feminista de Palma que los tachaba de machistas

Los jueces amplían su denuncia ante la UE por el cartel feminista de Palma que los tachaba de machistas, y en un comunicado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado que ha ampliado la información que ofreció el pasado enero a la Comisión Europea para su informe anual sobre el Estado de Derecho en España, detallando la polémica por el cartel del juez machista en la Intermodal de Palma, autorizado por el Govern de la socialista Francina Armengol. Así consta en un documento aprobado el pasado 21 de marzo por la Comisión Permanente del CGPJ, ampliatorio del que ya envió a la Comisión Europea el pasado enero, a los que ha tenido acceso Europa Press.

En ese primer informe, el CGPJ avisaba a Bruselas de que su renovación es «la única solución» a la «crisis», si bien apuntó también a una reforma legal.

Disconformes con este texto, un grupo de cinco vocales envió respuestas «complementarias» a las preguntas planteadas por Bruselas donde denunciaban el «grave» debilitamiento de la independencia judicial y, en concreto, «las manifestaciones públicas insultantes y ataques de miembros del Gobierno y del Legislativo contra jueces y magistrados».

Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, es habitual que tras ese primer ‘dossier’, el Ejecutivo comunitario pida una entrevista con el órgano emisor para ampliar información o resolver dudas. En este caso fue con la vocal Nuria Abad, quien le trasladó verbalmente lo que ahora plasma este segundo informe.

En este nuevo documento, la Comisión Europea pide al CGPJ que facilite «más información» sobre «los ataques contra miembros de la judicatura» que el Consejo ha venido condenando en «varias declaraciones».

El Consejo precisa que «hubo dos declaraciones institucionales por parte de la Comisión Permanente». «La primera se produjo el 30 de marzo de 2022 en relación con la colocación en la estación intermodal de Palma de un cartel, ya retirado entonces tras la polémica suscitada», recuerda.

Describe que dicho cartel «atribuía a la imagen de un juez un mensaje vejatorio y machista dirigido a una víctima de violencia de género». «El texto que se ponía en boca del juez, que se dirigía a una mujer, era el siguiente: «¡¡Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva!!», recoge.

El CGPJ especifica que en el cartel aparecían reflejados los logotipos del Ministerio de Igualdad, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del Institut Balear de la Dona y de la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Govern, por lo que refleja que se dirigió a estos organismos para «trasladar a sus responsables la más firme repulsa».

«La Comisión Permanente rechazó también la aparente instrumentalización de las instituciones para la financiación y consecución de objetivos contrarios a los principios inspiradores del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya defensa garantizan a diario los jueces y tribunales», explica a Bruselas.

A continuación, indica que «la segunda de estas declaraciones institucionales se produjo el 16 de noviembre de 2022»: «Se trató de un comunicado en relación con las resoluciones judiciales de revisión de pena dictadas en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, a raíz de su entrada en vigor el 7 de octubre anterior».

A este respecto, relata que, «una vez conocidas las primeras decisiones de los tribunales, la ministra de Igualdad, Irene Montero, había sostenido en declaraciones públicas que: ‘Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la Ley de Infancia y nos ocurre ahora también con la Ley solo sí es sí».

Y añade que mientras «la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, había publicado en la red social Twitter un mensaje diciendo que: ‘Una parte de los jueces de este país se ha erigido como oposición al Gobierno de coalición y especialmente al Ministerio de Igualdad, que está llevando los avances más lejos que nunca. Están aplicando mal la Ley sólo sí es sí y siguiendo el ejemplo del CGPJ’».