El Govern pagará seis millones más por las recalificaciones urbanísticas de la izquierda: ya son 380 los desembolsados

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 01/08/2026 04:00
  • Actualizado: 01/08/2026 04:00

El Govern condenado a pagar otros seis millones más por las recalificaciones urbanísticas de la izquierda en la legislatura presidida por el ex presidente Francesc Antich: ya van 380 los abonados por la administración autonómica. En este caso pagará 5,8 millones de euros en concepto de indemnización por una nueva sentencia urbanística vinculada a la urbanización Roca Llisa, de Ibiza.

Según ha recordado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, el Ejecutivo ya ha abonado más de 380 millones de euros como consecuencia de varias sentencias urbanísticas vinculadas a la aplicación de la Ley 4/2008, popularmente conocida como Ley Carbonero, mientras que todavía están pendientes varios litigios en los que se le reclaman hasta 210 millones de euros en compensación por la desclasificación de suelos urbanos.

En concreto, en el caso de Roca Llisa ya son casi 46 millones de euros correspondientes a 13 sentencias.

El Consell de Govern ha aprobado así conceder al conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, la autorización previa para aprobar el expediente de ampliación de crédito que ha solicitado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad por un importe de 5,8 millones.

Un montante para atender el pago de la indemnización derivada de la ejecución de la Interlocutoria número 33/2026, de 9 de marzo, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en la pieza de ejecución 07/2025, que dimana del PO 696/2018, promovido por las entidades Bel Air Country Club, S.L., y Roca Llisa Village Development, S.L., contra el Govern en materia de responsabilidad patrimonial.

Todas las sentencias derivan de la aplicación de la Ley 4/2008 de Medidas Urgentes para un Desarrollo Sostenible de Balears, una ley que aprobó el pacto de izquierdas que presidía en aquel momento el socialista Francesc Antich y que convertía en terreno rústico protegido diversos urbanizables en las distintas islas de Baleares.

El capricho de la izquierda balear de proteger terrenos con urbanizaciones autorizadas ya ha costado a las arcas del Govern casi 400 millones de euros en el pago de indemnizaciones solo en los últimos ocho años. Esta cantidad es la suma de las más de 50 sentencias judiciales que obligan al Govern de Marga Prohens al pago de indemnizaciones a distintos promotores por las recalificaciones de terrenos con licencias para urbanizar o, algunos de ellos, ya urbanizados.

La sentencia más sonada por recalificaciones de suelo y que fija la indemnización de mayor cuantía (96 millones de euros) fue la referida a la protección de los terrenos de Muleta en el Port de Sóller (Mallorca) donde el empresario Matthias Kühn, marido de Norma Duval, vio frustrado un proyecto de urbanización que contaba con todos los permisos. De hecho, la urbanización del terreno ya se había iniciado cuando el Govern de Antich decidió descalificarlo.

En este caso, además, la protección definitiva de Muleta fue también responsabilidad del Govern de Francina Armengol por su decisión de ratificar, sabiendo ya lo que podría acabar sucediendo, la desclasificación del terreno. Pero antes que el contribuyente está el sectarismo ideológico de una izquierda balear cuyas descalificaciones al margen de la ley han costado bien caras a los ciudadanos de las islas.