El Govern de Armengol deja en la calle a 29 familias antes de Navidad: «Nos han destrozado la vida»

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 09/12/2021 15:55
  • Actualizado: 09/12/2021 16:37

A Anisa Mohamed, su marido Eduardo Gomariz y sus hijos Brahim de 23 y Yasmina de 15 años, el conseller de Vivienda del Govern balear, Josep Marí Ribas, les «ha destrozado la vida». Ellos son una de las 29 familias que serán desalojadas el próximo 17 de diciembre de sus viviendas en los conocidos apartamentos don Pepe de la localidad ibicenca de Sant Josep.

Un desalojo instado por el hoy conseller de Vivienda del Govern de la socialista Francina Armengol, cuando en febrero de 2020, siendo alcalde de esta localidad, declaró en ruina el piso de Anisa y el resto de viviendas que conforman este inmueble, en una decisión unilateral que ha hundido en la desesperación a todos los afectados. 

“Nos han destrozado la vida totalmente”, afirma Anisa, quien asegura que como el resto de vecinos no saben lo que va a pasar, «ni qué dirección va a tomar todo esto. No sabemos nada. Estamos intentando mantener la calma. Llevamos un año soportando por parte del Ayuntamiento un comportamiento muy feo, inhumano”, lamenta. 

Ni el Consistorio de Sant Josep, liderado por el socialista Ángel Luis Guerrero -que sustituyó a Marí Ribas en la alcaldía en febrero pasado cuando éste fue nombrado conseller-, ha dado su brazo a torcer, ni la Conselleria de Vivienda del Govern balear ha intercedido para buscar una solución y mantener unos apartamentos construidos en 1965, y cuya ruina, los vecinos niegan, con informes técnicos aportados en los juzgados. 

Anisa Mohamed explica que hace “16 años que estoy viviendo en los edificios don Pepe, pagando mi hipoteca y mis impuestos, todo como manda la ley. Y ahora, de repente, me dicen que mi edificio es ilegal y que yo estoy viviendo ilegalmente, que vivo en ruinas”, afirma mostrando el buen estado que presenta la vivienda en la que vive. 

“No es una casa que esté en ruina”, remarca esta vecina. “Somos una familia humilde, trabajadora, tenemos una mascota a la que han discriminado también porque me han dicho que la mandan a una perrera aquí en Ibiza y a nosotros nos meten en un apartahotel”, por un plazo de tiempo aún por determinar.

Este martes entregaron en la Conselleria de Presidencia del Ejecutivo balear 6.550 firmas de apoyo a su causa, exigiendo la paralización de la orden de desahucio ya fijada por el juez, a instancias del alcalde. La angustia de los residentes, muchos de los cuales están pagando la pertinente hipoteca bancaria, es máxima ante la incertidumbre que les espera en una isla como Ibiza, donde el acceso a la vivienda es un lujo prácticamente inaccesible para la mayoría de la población.

En el manifiesto que acompaña la recogida de firmas, acusan al Ayuntamiento de «aplicar el poder del fuerte contra el débil» y denuncian que “en vez de velar por sus ciudadanos los lleva a la ruina», acusando a los responsables políticos del gobierno municipal socialista de esta localidad de Ibiza y al hoy conseller Ribas de «hostigar, amedrentar, perseguir y asustar a los vecinos con continuas notificaciones”.