La familia mallorquina que canceló su viaje a Ceuta por la invasión logra que la aseguradora les devuelva casi 2.000 euros

Final feliz para la familia mallorquina que denunció a su compañía de seguros por negarse a devolverles los 2.400 euros de su viaje a Ceuta, que tuvieron que cancelar por la invasión migratoria. La aseguradora finalmente ha decidido devolver 1.945 euros gracias a la denuncia de OKBALEARES.

Cabe recordar que la empresa de seguros rechazaba reembolsar el dinero amparándose en un punto del contrato que exigía la declaración oficial de Ceuta como «zona catastrófica» por parte del Gobierno para activar la cobertura.

Los planes iniciales de los afectados pasaban por volar a la ciudad autónoma el pasado 3 de agosto. Su objetivo era disfrutar del periodo vacacional y, al mismo tiempo, aprovechar la ocasión para visitar a una familiar residente en la zona. Sin embargo, lo que apuntaba a ser un viaje de verano acabó transformándose en un lío burocrático provocado por la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes marroquíes.

Y es que a raíz de esta grave crisis, los viajeros, entre ellos la abuela de 91 años, se vieron abocados a cancelar sus planes. Sin embargo, consciente de los imprevistos que pudieran surgir en cualquier desplazamiento, la familia tuvo la precaución de contratar una póliza de seguro durante la compra de los billetes, con la finalidad de proteger su inversión económica ante cualquier eventualidad.

Pero fue al intentar tramitar la devolución del dinero cuando les llegó el jarro de agua fría. La compañía aseguradora rechazó rotundamente el reembolso de los 2.400 euros amparándose en un estricto formalismo técnico. En concreto, el contrato exigía la previa declaración oficial de «zona catastrófica» por parte del Gobierno de España para poder activar las indemnizaciones correspondientes.

Ante esta negativa, los perjudicados consideraron inaceptable la postura de la empresa y decidieron actuar formalizando una denuncia ante la Dirección General de Consumo. En su reclamación, argumentaban que la ausencia de dicha declaración administrativa no debería ser el único criterio determinante para denegar la devolución del dinero.

Además, sostenían que la invasión, considerada la mayor crisis migratoria de la historia de España, que ha roto por completo la normalidad económica y turística de la ciudad, justificaba por sí sola la aplicación de las garantías contratadas.

La indignación de los afectados se centraba sobre todo en la rigidez burocrática de la aseguradora. A su juicio, resultaba sumamente «difícil de comprender» que la alteración de la rutina social, el colapso de numerosos servicios vitales, la inseguridad callejera, los robos en comercios o las agresiones sexuales o violaciones a menores quedaran desamparados por la letra pequeña del contrato.

Ahora, la compañía aseguradora ha decidido dar marcha atrás y devolverá a la familia gran parte del dinero que gastaron.