El ex juez de Podemos Yllanes miente en el Parlament balear al negar la falsificación de un documento

El vicepresidente del Govern balear, el ex juez de Podemos, Juan Pedro Yllanes, mintió en la sesión de control al Ejecutivo de Baleares al asegurar que el director general de Política Industrial, su número dos, Antonio Morro, no firma documentos «porque las notificaciones que se hacen de las firmas electrónicas no van firmadas por ningún director general, van firmadas por la Comunidad Autónoma». Con este argumento, Yllanes pretendía desmentir la falsificación de un documento público que viene denunciando OKDIARIO para beneficiar a determinadas empresas del sector náutico.

Todo ello a raíz de una pregunta de la diputada de Vox, Idoia Ribas, basada en la información publicada por este digital en la que se dejaba constancia de que el departamento del vicepresidente habría anulado sanciones a diferentes entidades que operan en el Puerto de Palma.

La realidad es que, sin ir más lejos, el denominado Informe previo a la propuesta de resolución sobre la denuncia por los trabajos que se desarrollan en el recinto de Servicios Técnicos Portuarios (STP), emitido el 14 de mayo de 2019 por el Jefe de Servicio de Seguridad Industrial, sí que va firmado por éste, al igual que la Resolución sobre denuncia por los trabajos que se desarrollan en el recinto de STP, o otra resolución reciente del propio Morro del pasado 7 de abril sobre controles de la producción de hormigón.

Todas ellas con firma digital dado que la Administración no se comporta como un órgano colegiado y las responsabilidades, en caso de haberlas, deben recaer sobre los firmantes.

Pero no solo faltó ahí a la verdad, sino también al asegurar que tras las inspecciones realizadas a determinadas empresas que operan en el Puerto de Palma, y a las que se había abierto expediente sancionador, «se tomó la decisión de que no había motivo para la sanción», aseguró el vicepresidente.

Sin embargo, ya había un informe previo del anterior Jefe del Servicio de Seguridad Industrial de la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos para iniciar cinco procedimientos sancionadores que el ex juez de Podemos no ejecutó mientras, por contra, viajaba después a Mónaco con el clúster náutico balear.