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TRIBUNALES

Un ex gestor vacía las arcas de un apartahotel de Mallorca en el que trabajaba y desvía casi 700.000 euros a sus propias empresas

El acusado vació las arcas del complejo turístico para su beneficio personal y ahora se enfrenta a nueve años de cárcel

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares celebra este viernes la vista previa del juicio contra un antiguo responsable de un complejo turístico del municipio de Calvià (Mallorca) acusado de desviar un total de 700.000 euros de las arcas del hotel para su beneficio personal. El procesado se enfrenta a nueve años de cárcel por los delitos de administración desleal, falsedad de documentos comerciales y estafa.

Según detalla el escrito del Ministerio Público, el acusado urdió una elaborada trama que se prolongó durante al menos cuatro años, concretamente entre 2015 y 2019. Valiéndose de su puesto y de sus funciones como gestor del establecimiento hotelero, ideó un sistema continuado para desviar fondos de la sociedad propietaria del negocio hacia sus propios bolsillos. Para lograr su objetivo, el hombre falsificó de manera recurrente la firma del administrador único en diversos cheques y pagarés.

En lugar de quedarse en las arcas del hotel, ese dinero terminaba directamente en manos del gestor o en cuentas controladas por una red de cuatro empresas de las que él mismo era el administrador único. El fraude perpetrado a través de estas sociedades no fue menor: las cantidades desviadas oscilaron entre los 85.000 y los 385.000 euros por empresa, sumando un agujero total de 693.967 euros para el patrimonio del complejo vacacional.

La ambición del acusado llegó a otro nivel a principios del año 2019, cuando solicitó un préstamo personal de 11.000 euros a un prestamista particular. Para devolver ese dinero junto a otros honorarios, decidió saldar su deuda privada utilizando nuevamente los fondos de la empresa donde trabajaba. Así, entregó un pagaré falsificado por valor de más de 16.800 euros a nombre de la compañía hotelera. El cobro se completó sin trabas, ya que la entidad bancaria implicada no realizó las comprobaciones legales necesarias para verificar si el empleado tenía autorización para realizar esa cesión de crédito.

Ante esta espiral de engaños, la Fiscalía le imputa graves delitos de administración desleal, falsedad de documentos comerciales y estafa. Por los primeros cargos, la acusación solicita seis años de prisión y el pago de una multa económica. A esto se suman otros tres años de cárcel por el delito de estafa, elevando la condena total solicitada a nueve años entre rejas.