La ex cúpula de la Policía Local de Palma se sienta en el banquillo por amañar unas oposiciones

La ex cúpula de la Policía Local de Palma se sentará este martes en el banquillo por el denominado caso Exámenes. Se acusa a siete personas, entre ellas ex cargos y funcionarios de la Policía Local de Palma, de alterar el resultado de un concurso-oposición para optar al cuerpo municipal. El caso se remonta a 2012 y entre los acusados están el que era director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo; el intendente jefe de la Policía Local de Palma, Antonio Vera; el comisario jefe de la Comisaría Operativa y de Seguridad, Rafael Estarellas, y otros cuatro funcionarios de la Policía Local.

El caso investiga un supuesto amaño de exámenes de ascenso dentro de la Policía Local de Palma durante el año 2012. Según la acusación, Enrique Calvo habría facilitado preguntas y respuestas de los exámenes a los aspirantes. Calvo presentó la dimisión meses después, en septiembre de 2013,  al comunicarle la Guardia Civil su imputación en este caso.

En el escrito de acusación, el fiscal indica que a principios de 2012, Calvo, Vera y Estarellas decidieron de mutuo acuerdo alterar de forma fraudulenta el resultado del concurso-oposición para que salieran beneficiados determinados agentes que iban a participar en las pruebas.

Antonio Vera  y Rafael Estarellas usaron sus funciones y su intervención en el desarrollo de las pruebas, ya que ello les daba el dominio y conocimiento sobre el contenido de las pruebas de acceso referidas. Los dos, que formaban parte del Tribunal que debía juzgar el concurso, procedieron a elaborar siete de las diez preguntas de la prueba profesional especificando las respuestas correctas. Seguidamente, facilitaron el escrito con las siete preguntas y respuestas a Calvo.

El entonces director general de Seguridad Ciudadana de Cort, Enrique Calvo, citó en su despacho al policía interino José Daniel Montesinos y, como habían acordado, le envió las preguntas por correo electrónico. Montesinos, a su vez, las remitió a dos agentes que participaban en la oposición, Tomás Javier Más y Santiago Adrover. En ella, los dos sospechosos sólo respondieron a las siete preguntas que les habían hecho llegar. La fiscalía sostiene que Vera hizo llegar las diez preguntas a otro agente, un primo lejano suyo que obtuvo la máxima puntuación, pero sostiene que no hay prueba de que se hubieran concertado, por lo que no acusa a este funcionario.

Todo ello obedecía a un plan previo para favorecer a los policías que participaban en el entramado. Así, tras facilitar los exámenes, se obtendría el ascenso de dos agentes y estos posibilitarían que un tercero adquiriese una plaza fija como funcionario, informa Europa Press.

Con estos resultados, añade el escrito de acusación, las tres personas favorecidas consiguieron superar las pruebas. Al conocer las preguntas y respuestas, las plasmaron en las pruebas test y de desarrollo y consiguieron aprobar, así, el concurso de oposición.

Todo ello se produjo con la intervención directa de Calvo, Vera y Estarellas, que posibilitaron las resoluciones administrativas que sabían que eran injustas.

El fiscal destaca también que Estarellas, cuando fue interpelado tras el examen por algún participante en la oposición sobre las irregularidades, se negó a cualquier investigación y tampoco hizo comentario alguno.

Asimismo, cuando tuvo conocimiento de la escritura notarial que daba fe de la filtración, no llevó a cabo acto alguno para investigar o para anular el concurso.

Por último, Fiscalía indica que el séptimo acusado, inspector por aquel entonces de la Unidad Nocturna, archivó las diversas denuncias y expedientes administrativos contra otro de los procesados.

Esta decisión de archivo, según la acusación, venía motivada porque el agente había dado a conocer la existencia de la escritura pública en la que se acreditaba la filtración de las preguntas del concurso-oposición.

El fiscal pide 18 meses de prisión para cada uno

El fiscal considera los hechos constitutivos de delitos de revelación de secretos, continuado de prevaricación y de omisión de perseguir delitos.

Para Calvo, por el delito de revelación de secretos pide 18 meses de prisión e inhabilitación por un tiempo de cuatro años, y por el delito continuado de prevaricación, pide ocho años y seis meses de inhabilitación.

Para Vera, por el delito de revelación de secretos pide 18 meses de prisión e inhabilitación durante cuatro años; por el delito continuado de prevaricación, ocho años y medio de inhabilitación, y por el delito de omisión de perseguir delitos, 15 meses de inhabilitación.

Para Estarellas, por el delito de revelación de secretos pide 18 meses de prisión e inhabilitación durante cuatro años, y por el delito continuado de prevaricación, ocho años y medio de inhabilitación.

Para otros tres acusados, el fiscal pide 18 meses de prisión e inhabilitación especial para cargo público durante cuatro años por el delito de revelación de secretos -a cada uno-, y para el séptimo procesado pide 15 meses de inhabilitación por el delito de omisión de perseguir delitos.