Dos diputados separatistas y una del PP defenderán la Ley de cogestión aeroportuaria balear en el Congreso

Los diputados del Parlament balear Ferran Rosa (Més per Mallorca), Josep Castells (Més per Menorca) y Margalida Pocoví (PP) serán los encargados de defender la recientemente aprobada Ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso de los Diputados. Así consta en el escrito remitido por los tres grupos parlamentarios a la Cámara la mañana de este miércoles, tal y como solicitó el presidente, Gabriel Le Senne, al final de la votación.

La elección de estos tres diputados como los responsables de defender el texto legislativo ante la Cámara Baja ha recibido el visto bueno definitivo en la Junta de Portavoces celebrada este mediodía.

El pleno del Parlament aprobó el martes la proposición de ley de cogestión aeroportuaria, que otorga a Baleares un mayor poder en las decisiones relacionadas con la gestión de los aeropuertos y que ahora deberá ser debatida en el Congreso de los Diputados dado que modifica normativas estatales.

La iniciativa legislativa recibió los votos favorables de Més per Mallorca -impulsores de la ley-, el PP, Més per Menorca y los diputados no adscritos (34). El PSOE y Unidas Podemos se abstuvieron (19), mientras que Vox fue el único grupo que votó en contra (5).

El texto defiende que la posibilidad de que las Islas «definan y gestionen» tanto las infraestructuras aeroportuarias como la política aérea es «fundamental e indispensable». El objetivo es que los beneficios económicos «deriven en prosperidad, mejoren la calidad de vida de los residentes y preserven el medio ambiente» y que los gobiernos autonómicos puedan regular «su principal puerta de entrada y salida».

El control sobre la determinación de las rutas aéreas y la planificación del número de vuelos, según recoge la ley en su exposición de motivos, incidirá «de manera clara y directa» sobre los flujos turísticos, condicionando a su vez la operativa del principal sector económico del archipiélago.

Ahora, el papel de las comunidades autónomas se articula a través de los comités de coordinación aeroportuaria, que tienen una finalidad «más informativa que participativa», por lo que es necesaria «una mayor capacidad de participación e influencia».

Para ello, la proposición de ley plantea ampliar las funciones de este comité, que todas las decisiones que se adopten sean vinculantes y permitir su convocatoria siempre que así lo solicite alguno de sus integrantes, con un mínimo de dos reuniones anuales.

Ello, a grandes rasgos, permitirá decidir sobre el techo de vuelos, los planes directores y la capacidad de carga. También abre la puerta a la posibilidad de que los directores de los aeropuertos puedan comparecer en el Parlament.

Las instituciones autonómicas tendrían una mayor representación en este órgano que las estatales, lo que les otorgaría una mayor capacidad para condicionar las medidas que eventualmente se aprueben.

El comité estaría compuesto por dos representantes del Govern, cuatro de los consells, tres de los ayuntamientos de Palma, Maó y Sant Josep y cinco de sindicatos, patronales y cámaras de comercio, por una parte; y por dos representantes del Gobierno, otros tantos de AENA y uno más de la Delegación del Gobierno en Baleares, por la otra.

El texto aprobado incluye varios artículos dirigidos a que la comunidad autónoma tenga un mayor conocimiento de las acciones y medidas adoptadas por Aena. Otros van dirigidos a regular el funcionamiento y la composición de las comisiones de coordinación de los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca.

Durante su tramitación parlamentaria, a raíz del pacto entre los populares, los ecosoberanistas y los menorquinistas, la proposición de ley fue objeto de modificaciones y sufrió la retirada de muchos de sus artículos iniciales.

La iniciativa era mucho más ambiciosa en un primer momento, dado que contemplaba la transferencia de la titularidad y las competencias de los aeropuertos de Baleares a la administración autonómica y la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Baleares.