Detenidos tres responsables de una empresa de Manacor por delitos contra el derecho de los trabajadores

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a tres personas -dos hombres, de 37 y 39 años de edad, y una mujer, de 50 años- como presuntos autores de varios delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal. Según ha informado la Policía Nacional este domingo en una nota de prensa, los detenidos son la administradora única, apoderado y encargado de una empresa de construcción de la localidad mallorquina de Manacor.

Al parecer, los detenidos hacían contratos laborales a ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia y trabajo en España a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 4.000 y 7.000 euros, contratos con los que posteriormente podían solicitar y obtener el citado permiso de residencia y trabajo.

La investigación se inició por informaciones recibidas en el grupo I de la UCRIF de la Policía, donde una víctima denunciaba que, tras varios años en situación irregular en España, estuvo buscando alguna empresa para trabajar con contrato laboral, siendo, entonces, cuando se puso en contacto con un responsable de la empresa de Manacor, conocida por tener trabajo y vender contratos laborales a extranjeros sin papeles para que pudieran obtener la residencia.

Fue al ponerse en contacto con un responsable la sociedad, según la víctima, cuando este le solicitó 7.000 euros por realizarle un contrato y poder conseguir su tarjeta de residencia, indicándole también que si tenía trabajo real lo contrataría y le descontaría de su salario las cuotas de la Seguridad Social, informa la agencia Europa Press.

A raíz de esta información, los agentes pudieron comprobar la existencia de otros ciudadanos extranjeros en la misma situación, los cuales se habían visto obligados también a «pagar» fuertes sumas de dinero para ser contratados y poder legalizar su situación en España, sufriendo también recortes en sus derechos laborales una vez que iniciaban su actividad laboral.

Los investigadores se encontraron, no obstante, con la dificultad de localizar a otros posibles afectados por la venta de contratos de trabajo, bien por el miedo existente entre estas personas a tener problemas en España o en su país de origen, o por el temor a perder el permiso de residencia que pudieron obtener en su día gracias a la compra de los referidos contratos.

Por todo lo anterior, los agentes procedieron a la detención de los responsables de la empresa como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal.